Entre los principales cambios que se discuten figura una revisión del modelo de pensiones, el aumento de la cobertura médica, la reducción de los gastos de bolsillo que actualmente asumen los afiliados y una mayor protección para trabajadores informales y envejecientes.
Santo Domingo.– La posible reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social ha vuelto a colocarse en el centro del debate nacional, debido a las propuestas que buscan transformar el sistema de salud, pensiones y riesgos laborales en República Dominicana, con el objetivo de corregir fallas acumuladas durante más de 25 años de vigencia.
Entre los principales cambios que se discuten figura una revisión del modelo de pensiones, el aumento de la cobertura médica, la que actualmente asumen los afiliados y una mayor protección para trabajadores informales y envejecientes.
Las autoridades han planteado implementar una “cápita diferenciada”, mecanismo que permitiría distribuir los recursos de salud tomando en cuenta factores como edad, sexo y nivel de riesgo de los pacientes, buscando una atención más equitativa y eficiente. Además, se estudian medidas para fortalecer la atención primaria y ampliar la cobertura de medicamentos y enfermedades catastróficas.
Otro de los puntos más debatidos es el sistema de pensiones. Diversos sectores consideran que las jubilaciones proyectadas continúan siendo insuficientes para garantizar una vejez digna, ya que muchos trabajadores recibirían montos muy por debajo de su último salario.
La discusión también incluye propuestas para mejorar la supervisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), así como ampliar la cobertura a trabajadores independientes y del sector informal, quienes históricamente han tenido dificultades para acceder plenamente al sistema.
Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de críticas. Sectores sindicales y partidos políticos han denunciado que las conversaciones se realizan sin suficiente participación social, reclamando un diálogo más amplio entre trabajadores, empresarios y autoridades.
Los cambios podrían impactar directamente a millones de ciudadanos, especialmente en el acceso a servicios médicos, costos de medicamentos, calidad de las pensiones y cobertura de enfermedades. No obstante, advierten que el reto principal será lograr una reforma equilibrada que garantice sostenibilidad financiera sin aumentar la carga económica sobre los trabajadores.