Por Amerfi Cáceres
Por años, la respuesta institucional frente a la violencia de género ha seguido un patrón que, aunque busca proteger a las víctimas, plantea una contradicción difícil de ignorar: cuando una mujer es amenazada, golpeada o perseguida por su pareja o expareja, es ella quien debe abandonar su hogar, esconderse y reconstruir su vida desde cero.
El agresor, en cambio, muchas veces permanece en su casa, en su comunidad y en el mismo entorno donde ejerció el abuso.
Ante esta realidad, el exministro de Salud Pública, Rosa Chupany, formuló una reflexión tan simple como contundente: las casas de acogida deberían ser para los hombres violentos, no para las mujeres que intentan sobrevivir.
La frase puede parecer provocadora, pero encierra una verdad elemental: quien debe ser apartado de la sociedad no es la víctima, sino el victimario.
Una tragedia que no cesa
La violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas en la República Dominicana. De acuerdo con datos oficiales, hasta octubre de 2025 el Ministerio Público había recibido más de 67,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Ese mismo año se reportaron decenas de feminicidios íntimos, es decir, asesinatos cometidos por parejas o exparejas.
Un estudio basado en estadísticas de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de la Mujer reveló que en los últimos 20 años se han registrado 1,802 feminicidios en el país.
Detrás de cada número hay una historia truncada, hijos huérfanos, familias devastadas y una sociedad que sigue preguntándose qué más pudo hacerse para evitarlo.
El castigo silencioso a la víctima
Cuando una mujer ingresa a una casa de acogida, no solo busca protección. También deja atrás su rutina, su trabajo, la escuela de sus hijos, sus pertenencias y, en muchos casos, su estabilidad emocional.
La víctima pierde su libertad, su privacidad y su sentido de normalidad.
El agresor, por el contrario, suele continuar con su vida hasta que el sistema judicial actúe, si es que actúa con la rapidez necesaria.
Esta lógica resulta profundamente injusta.
Es como si, ante un incendio provocado, se evacuara únicamente a quienes habitan la casa, mientras quien encendió el fuego permanece en el lugar.
Invertir la lógica
La propuesta de Rosa Chupany obliga a replantear el enfoque.
¿Por qué no crear centros obligatorios para agresores con alto nivel de riesgo?
¿Por qué no disponer su salida inmediata del hogar, bajo supervisión judicial, tratamiento psicológico y monitoreo estricto?
¿Por qué la mujer y sus hijos deben cargar con el peso del desarraigo, mientras el agresor conserva buena parte de sus espacios y rutinas?
En varios países se aplican órdenes de alejamiento, dispositivos electrónicos y programas de rehabilitación para hombres violentos. El objetivo no es solo castigar, sino prevenir nuevas agresiones.
Proteger sin desarraigar
Las casas de acogida han salvado muchas vidas y continúan siendo necesarias en situaciones extremas. Pero no deberían ser la respuesta principal ni la única.
La verdadera protección consiste en garantizar que la mujer pueda permanecer segura en su entorno, y que sea el agresor quien sea removido, controlado y responsabilizado.
Eso representa un cambio profundo de perspectiva: la víctima deja de ser quien se esconde, y el agresor pasa a asumir plenamente las consecuencias de sus actos.
Un cambio cultural impostergable
La violencia de género no se resolverá únicamente con refugios temporales. Se requiere educación, intervención temprana, salud mental, justicia oportuna y una firme decisión de colocar la carga donde realmente corresponde.
Cada feminicidio es el resultado de señales de alerta que, muchas veces, no fueron atendidas a tiempo.
Y cada mujer obligada a abandonar su hogar para protegerse nos recuerda que todavía hay estructuras que, aun con buenas intenciones, terminan desplazando a quien debería ser resguardada.
La pregunta correcta
Quizás ha llegado el momento de dejar de preguntar por qué las mujeres no se van a tiempo.
La verdadera pregunta es otra:
¿Por qué el agresor sigue teniendo la libertad de permanecer donde está?
Cuando como sociedad respondamos con acciones concretas a esa interrogante, habremos dado un paso decisivo hacia una protección más justa y efectiva.
Porque la seguridad de una mujer no debe depender de que abandone su vida, sino de que el Estado sea capaz de apartar, controlar y sancionar a quien la amenaza.
