Invasión silenciosa de carpas asfixia el tránsito en el GSD y pone a peatones en peligro

La ocupación de espacios públicos mediante carpas, se expande por vías de la metrópoli, generando graves entorpecimientos a peatones y conductores mientras violan las normativas municipales y de movilidad vial vigentes

Santo Domingo.  El paisaje urbano del Gran Santo Domingo muestra un cambio que molesta a la población la colocación por dueños de negocios de carpas metálicas con techos de lona sobre calles y aceras, acción que comenzó como un refugio temporal frente al intenso sol o las lluvias tropicales, pero ahora se ha transformado en una práctica permanente.

Este uso indiscriminado de carpas para uso comercial ha pasado de ser una solución frente al clima a un problema severo de movilidad urbana. Negocios y particulares extienden sus operaciones hacia las vías públicas, vulnerando leyes de tránsito y ordenanzas locales, lo que priva a los peatones de espacios seguros y complica el flujo vehicular.

Si bien esta costumbre extendida refleja la creatividad popular, también evidencia una falta de control sobre los bienes comunes. Comercios de distintos rubros instalan estas lonas para duplicar su área operativa sin pagar espacio adicional, afectando el trazado de las comunidades y distorsionando el entorno comunitario.

Por su parte Antonio Peña expuso que, “El problema no son solo las carpas. Recuerde que hay lugares donde hay casuchas de madera y lonas que son peores ya que  las que son fijas. Por lo menos las carpas las cierran de noche y la abren al otro día. Claro  que eso no quiere decir que eso esté bien”.

Propietarios de talleres (mecánica, ebanistería, desabolladora y pintura, etc.), comercios de repuestos y vendedores informales de alimentos y ropa ocupan diariamente los frentes de sus inmuebles, utilizándolos como extensiones de sus negocios.

Además, la instalación de estos techados portátiles sobre las vías de circulación transforma el espacio público en zonas privadas de trabajo, obstaculizando la movilidad y la dinámica comunitaria.

Privación del espacio peatonal

La consecuencia inmediata de este fenómeno recae sobre los transeúntes, quienes pierden el derecho  a desplazarse de forma segura. Las aceras, diseñadas para el tránsito peatonal exclusivo, terminan bloqueadas con parantes de hierro, mercancías almacenadas, mesas improvisadas y personal trabajando activamente.

“El problema no es que usen esas carpas. Es que usan las calles y aceras para hacer todo y las carpas al igual que las sobrillas son para protegerse y  duran infinidad de tiempo sin importar si llueve o hace sol. Además, si se hace de noche instalan un bombillo y problema resuelto”, explicó Adrián Rojas, residente en una de las áreas afectadas.

Esta situación fuerza a los peatones a bajarse de las aceras y caminar directamente por la calle, exponiéndose al peligro de ser impactados por vehículos. Adultos mayores, niños y personas con discapacidad motora enfrentan los mayores riesgos ante estas barreras físicas infranqueables.

El desplazamiento a pie en los barrios capitalinos se ha vuelto una carrera de obstáculos por la proliferación indiscriminada de estos techados. La prioridad parece ser la comodidad del establecimiento comercial por encima de la integridad física y la seguridad vial.

Caos en el flujo vehicular

En las calles estrechas de diversos sectores, la colocación de carpas sobre el pavimento reduce significativamente el ancho de la vía. Los vehículos aparcados y los necánicos trabajando bajo estas lonas generan embotellamientos constantes y maniobras peligrosas para poder rebasar los puntos bloqueados.

Los conductores deben reducir drásticamente la velocidad al aproximarse a estas zonas debido al movimiento constante de trabajadores y clientes en la calle. Esta situación casi permanente interrumpe el flujo normal del tráfico, creando tapones prolongados en horas de mayor movimiento vial.

Asimismo, la visibilidad en las esquinas se ve seriamente comprometida cuando las estructuras se colocan en intersecciones clave. Esta falta de perspectiva sobre el tráfico entrante aumenta de forma alarmante el riesgo de colisiones entre automóviles y motocicletas.

Infracción a las leyes vigentes

Estas actuaciones contravienen de manera directa la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Dicha legislación prohíbe la colocación de obstáculos que impidan el libre tránsito de peatones y vehículos en las vías locales.

De igual forma, las distintas alcaldías del Gran Santo Domingo mantienen ordenanzas que regulan el uso del suelo y los espacios de dominio público, pero no las hacen cumplir. La ocupación no autorizada de aceras mediante elementos fijos o semifijos constituye una violación administrativa sujeta a sanciones.

A pesar del marco legal existente, la fiscalización resulta insuficiente ante el crecimiento acelerado de esta modalidad comercial e informal. La falta de consecuencias efectivas motiva a que más personas adopten esta práctica para expandir sus actividades económicas.

Resolver este problema requiere una acción coordinada entre las autoridades municipales, la Digesett y los líderes comunitarios del Gran Santo Domingo. Es imprescindible aplicar operativos de recuperación de espacios públicos acompañados de alternativas viables para los trabajadores informales golpeados por el clima.

El equilibrio entre el desarrollo económico de los pequeños negocios y el respeto al derecho colectivo de libre circulación es vital. No se trata de impedir el trabajo, sino de garantizar que las calles y aceras cumplan su función social primaria y colectiva.

Si las autoridades continúan postergando el ordenamiento de esta situación, la invasión de las vías públicas seguirá por siempre. La recuperación de la ciudad depende de restablecer la autoridad, el respeto a la ley y el uso adecuado del espacio de todos.

En la capital los sectores Villas Agrícolas, ensanche La Fe, Villa Juana y Villa Consuelo son los lugares más afectados por carpas instaladas dificultando el tránsito de vehículos y peatones.

Urge la intervención municipal

Resolver este problema requiere una acción coordinada entre las autoridades municipales, la Digesett y los líderes comunitarios del Gran Santo Domingo. Es imprescindible aplicar operativos de recuperación de espacios públicos acompañados de alternativas viables para los trabajadores informales golpeados por el clima.

El equilibrio entre el desarrollo económico de los pequeños negocios y el respeto al derecho colectivo de libre circulación es vital. No se trata de impedir el trabajo, sino de garantizar que las calles y aceras cumplan su función social primaria y colectiva.