Santo Domingo.– La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ordenó este martes el arresto por 24 horas del abogado Sergio Augusto Furcal, exjuez del Primer Tribunal Colegiado de Santiago y defensor del coronel de la Policía Nacional Narciso Antonio Feliz Romero, principal imputado en el caso de la presunta sustracción de cerca de un millón de proyectiles de la Intendencia de Armas de la institución.
La medida fue ejecutada de inmediato durante la audiencia preliminar del proceso conocido inicialmente como Operación Pandora, luego de que la magistrada considerara que el jurista incurrió en desacato, una conducta sancionada por la legislación procesal durante el desarrollo de las audiencias judiciales.
Tras ser retirado de la sala por agentes de protección judicial y conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Furcal confirmó la decisión de la jueza y aseguró que la acataría.
«Ella me mandó por 24 horas preso. Vamos a acatar esa decisión que dio esa jueza; yo soy un hombre y donde quiera que yo esté asumiré mi responsabilidad. Yo acato lo que digan… lo que entiendan, lo que diga la ley», expresó mientras era trasladado a la celda.
No obstante, el abogado rechazó haber incurrido en desacato y sostuvo que el incidente se produjo porque la jueza pretendía continuar con el conocimiento de la audiencia preliminar sin permitirle presentar una solicitud de cese de la medida de coerción que pesa sobre su defendido.
Según explicó, en ningún momento se negó a participar en la audiencia, sino que únicamente insistía en que se conociera previamente su pedimento, al considerar que esa actuación forma parte de las garantías del debido proceso.
El incidente ocurrió durante la fase preliminar del proceso seguido a la presunta red de tráfico de armas y municiones que, de acuerdo con el Ministerio Público, operaba desde la Policía Nacional y que tiene como principal acusado al coronel Narciso Antonio Feliz Romero, representado legalmente por Furcal.
Con la conclusión de la audiencia preliminar, el expediente judicial avanza hacia la siguiente etapa procesal, mientras continúa el conocimiento del caso que investiga la desaparición de casi un millón de proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.