La prisión preventiva, la principal medida de coerción que dictan los tribunales de atención permanente del país, a petición del ministerio público, ha contribuido con los elevados niveles de hacinamiento en las cárceles dominicanas, entre ellas La Victoria, tradicionalmente la más congestionada.
Esto se comprueba en las estadísticas del Poder Judicial sobre las medidas de coerción emitidas durante seis años. Además de la privación de libertad, los jueces están facultados a dictar otras seis medidas de coerción, las cuales permiten que se conozca un proceso judicial con los acusados libres.
En el período 2015-2020, los jueces de atención permanente colocaron 194,626 medidas de coerción a acusados de diversos delitos penales.
La que ocupa el primer lugar es la prisión preventiva, con 76,148, equivalente al 39.1%, según los datos de la Dirección de Análisis y Políticas Públicas del Poder Judicial, solicitados por Listín Diario a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.
Al verificar por año, en el 2017 fue cuando los tribunales dictaminaron la mayor cantidad de prisión preventiva, con un total de 14,311.
En el reporte se hace la observación de que los registros disponibles en base de datos a la fecha del informe pueden no contener información de determinados despachos judiciales.
Otras coerciones
Aunque no superan la prisión preventiva, las otras dos medidas de coerción frecuentes son la garantía económica, que se impuso en 61,602 casos, y la presentación periódica, en 31,133.
Las menos comunes son el arresto domiciliario, con 284, y el impedimento de salida, con 1,479.
Carga económica
La cantidad de prisión preventiva a su vez representa una carga económica para el gobierno, que debe mantener a los privados de libertad con el presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República, que tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario.
Esa institución cada año se queja de las bajas partidas que se le consignan, y ha reclamado un incremento.
Pero el propio ministerio público es que suele pedir prisión preventiva para garantizar que los imputados no se sustraigan del proceso penal, pues en ocasiones algunos se fugan y son declarados en rebeldía.
Algunas entidades han planteado que no se solicite prisión preventiva en casos de delitos menores, paradescongestionar los recintos y así también disminuir la cantidad de presos preventivos, que se aproxima al 60 por ciento.
Principal problema
La Victoria constituye el “dolor de cabeza” del sistema penitenciario. En esa cárcel ubicada en el distrito municipal La Victoria, del municipio Santo Domingo Norte, están recluidas 7,582 personas, equivalente al 27.9 por ciento de la población penitenciaria de República Dominicana, que hasta el 26 de enero de 2022 ascendía a 27,146.
Allí es donde impera la mayor tasa de hacinamiento y ha sido la más difícil de controlar debido a la sobrepoblación.
El pasado 31 de enero, militares asumieron el control de la penitenciaría La Victoria, a solicitud de la procuradora general, Miriam Germán Brito, para fortalecer la seguridad interna. En el operativo fueron incautados equipos tecnológicos, entre ellos servidores, repetidor de wifi y cámaras de vigilancia que eran operadas por un reo experto en informática, además de algunos electrodomésticos que por su tamaño no pueden pasar sin ser vistos por los agentes de seguridad del penal.