Salen de la cárcel dos imputados en el caso Falcón que juez varió la medida de coerción

En cumplimiento con una variación de medida de coerción, de prisión preventiva por libertad condicionada, emanada desde un tribunal judicial de Santiago, a favor de dos imputados del caso Falcón, el Ministerio Público ejecutó la orden de libertad condicional ayer sábado.

Al mediodía de ayer (sábado) había salido de la cárcel de Rafey, Luis Daniel Nieves Batista, quien en un plazo de 48 horas quedaría en libertad pura y simple, si no se cumplía con la variación de medida que le había favorecido en una audiencia previa.

Mientras que Julio César Jiménez Talavera, quien estaba recluido en el penitenciario CCR El Pinito de La Vega, fue dejado en libertad a las 8:00 de la noche, se le colocó un grillete de geolocalización (GPS), e impedimento de salida del país, al igual que Nieves Batista.

La supuesta organización criminal (Falcón) fue desmantelada, durante la realización de más de 100 allanamientos en distintos puntos del país, en septiembre del año 2021.

La variación de medidas de coerción de prisión preventiva, por libertad condicional fue dictada por sentencia del juez Miguel Alejandro Báez, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago del Distrito Judicial de Santiago.

La sentencia establecía un plazo de 48 horas para que el Ministerio Público ejecutara la orden, de lo contrario debía pagar a favor de los imputados un astreinte de RD$20 mil por cada hora de retraso en prisión.

En ese sentido el abogado de Julio César Jiménez Talavera dijo que por las horas de su cliente en prisión ilegal el Ministerio Público, debe pagarle alrededor de RD$200 mil.

Lo que dice la Físcalía de Santiago

«Ese dinero lo tiene que pagar el fiscal titular de Santiago», dijo a Diario Libre, Angel Rodríguez, abogado de Jiménez Talavera.

Sin embargo, el magistrado Osvaldo Bonilla, procurador fiscal de Santiago, asegura que no se corresponde con la verdad la citada cifra, debido a que la Procuraduría recibió la notificación corregida el pasado viernes, ya que tenía un error en la digitación.

Las decisiones de libertad condicional de los imputados del caso ya están en apelación por el Ministerio Público, ante la Corte de Apelación de Santiago, dijo Bonilla.

La acusación formal fue depositada por el Ministerio Público recientemente, contiene cuatro mil páginas, más de tres mil pruebas, entre materiales, documentales, periciales y testimoniales, resaltó el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla.

El Ministerio Público solicita el decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles, incluyendo villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles, incautados a la organización delictiva mediante intervenciones interagenciales que la Fiscalía y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).

Además, solicita el decomiso de más de RD$400 millones y cinco millones de dólares que fueron incautados y frizados en cuentas bancarias y mediante allanamientos.

Abogados de imputados no han recibido el expediente acusatorio

Previamente, los abogados de las distintas barras de defensa de los 31 imputados, han dicho que no han recibido el expediente acusatorio, y prevén que la primera audiencia preliminar de juicio de fondo sea aplazada, ya que deben conocer las imputaciones, para preparar una buena defensa.

De los 31 imputados, 10 siguen bajo prisión preventiva, los demás con variación de medidas a prisión domiciliaria, con visitas periódicas, grilletes electrónicos, y dos expedientes han sido archivados, informó uno de los abogados del caso.

El presunto cabecilla de la red desmantelada sigue prófugo y ha sido identificado como Erick Randhiel Mosquea Polanco.