La red desmantelada por el Ministerio Público en la Operación Discovery amenazaba con secuestrar personas y a sus familiares, para garantizar que las víctimas depositaran altas sumas de dólares, establece el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción.
Sus integrantes ejercían maltrato verbal a los miembros de la organización que no eran de nivel medio o alto, a tal punto, que se encontraban subyugados, sostiene el expediente.
También, señala, tenían contactos en distintos sectores para tratar de evitar la persecución penal efectiva de las autoridades y resolvían sus diferencias con amenazas, atentados criminales y terror psicológico.
El Ministerio Público asegura que los imputados establecieron una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente sigue la mafia, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.
“Las operaciones que hacían en el sistema financiero regulado, manejaban miles de dólares en efectivo, que eran utilizados para financiar sus operaciones ilícitas”, agrega.
Asimismo, utilizaron múltiples medios societarios con fachadas de empresas lícitas y colocaron miles de millones de pesos en el sistema financiero a través de operaciones diversas, pero todas con la ilicitud de la procedencia de los fondos, como característica general que le es común, arroja la investigación.
“Colocaron millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como la estafa internacional y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, teleservicios, teleatención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas y ventanas y renta de vehículos”, especifica el MP.
Los miembros de la red incursionaron en servicios de transporte de personas, intermediario de ventas de vehículos, servicios de tracking vía GPA, servicios de chofer personalizado, a través de la producción de música y video del género urbano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas cotosas (relojes, cadenas), entre otros.
De igual forma, transformaron sus transacciones con el objetivo de colocarlos en la economía legal y en las instituciones financieras, tratando de darle apariencia legal a sus negocios a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna, se explica en la acusación.
El órgano persecutor refiere que los encartados integraron gran parte de los capitales ilícitos obtenidos en el mercado con la finalidad de crear una serie de estratos y así complicar la tarea de determinar la manera en que el dinero ingresaba a la economía legal.
Otra de las maniobras fraudulentas empleadas por la red era invertir dinero ilícito en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, con lo cual compraban conciencias, lealtades e impunidad.
Según el MP, fundaron una organización criminal que tiene todas las agravantes que el legislador ha considerado para la conducta típica del lavado de activos, a saber: participación como estructura criminal organizada, creación de empresas de fachada, la colocación en el sistema nacional de dinero provenientes de las actividades ilícitas, así como la existencia de testaferros y prestanombres.
Sus operaciones criminales las detallaban a través de conversaciones en aplicaciones telefónicas que estaban legalmente intervenidas y evadían la persecución penal de las autoridades llamadas a evitar que ocurrieran los hechos e investigarlos; por igual, salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de tener imputaciones graves como el caso de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Dariman).
Las ganancias que lograban los encartados por medio de las estafas le permitieron obtener un sistema informático que se encargaba de ubicar en las redes sociales a sus víctimas.
