Por Jairo Espino de León
La Ley No. 87-01 de la Seguridad Social no ha tenido el éxito que se esperaba y peor aún y mucho menos efectiva, ya que no ha cumplido con la reducción y la eliminación de la pobreza de las personas mayores, sino que más bien ha proporcionado un tipo de seguridad social que no puede igualarse a ningún plan de seguro privado, que protégé contra la volatilidad de los mercados de las aseguradoras en el país y también contra la inflación.
Muchos dominicanos, que han confiado en los planes de pensiones, tanto del sector público como privados, saben a lo que me estoy refiriendo: aunque los planes y programas del gobierno dominicano procuran siempre asegurarse que las pensiones privadas y públicas estén adecuadamente capitalizadas, los empresarios les han tomado el lado flaco a sus empleados.
Antes de que las empresas digan que están prácticamente en quiebra, sus altos ejecutivos, con tranquilidad, despachan a los asalariados para sus casas sin un centavo en los bolsillos, con una elevada carga social para el país; poniendo en peligro a los fondos de pensiones.
Algunos economistas sostienen con firmeza que una posible entrega de una parte los fondos de pensiones a los trabajadores , que ascienden a más de cuatrocientos mil millones de pesos, recalentaría la economía y a la vez provocaría un desequilibrio entre la masa monetaria, la oferta y demanda de dinero, causando un desequilibrio del valor (tasa de interés) debido a la gran inflación que generaría la puesta en circulación de tan exorbitante suma de dinero en dinero la economía; por demás sometería a una presión extra al tipo de cambio, desplazándolo hacia un alza en los precios sin precedente en país.
Existe un problema muy serio: los elevados costos de la atención hospitalaria y sanitaria, en un sistema plagado de distorsiones y rentas muy entramadas que alimentan y acaparan unos desproporcionados beneficios a las aseguradoras, y unos elevados precios de medicamentos y fármacos que producen inmensos beneficios en la industria farmacéutica nacional como internacional.
Hay una forma de resolver los baches y debilidades a largo plazo para los asociados de las aseguradoras y las AFP. Es necesario conseguir que el sector de la atención primaria sanitaria de salud pública sea más eficiente.
Si la prestación de atención primaria sanitaria en la República Dominicana fuera comparable en costo y resultados a la atención de los centros privados avanzados que consiguen mejores resultados, tal y como atestiguan, por ejemplo, la longevidad o la mortalidad infantil o materna, el Estado tuviera menos presión presupuestaria en este momento por parte de la población que requiere un buen servicio.
Existe una gran brecha entre ingresos y gastos en los planes del gobierno y los servicios públicos, y efectivamente se crea un problema a largo plazo.
En el caso de la Seguridad Social, la ley no satisface a los usuarios del programa, y hay un distanciamiento y desfase relativamente grande, lo cual provoca un alto grado de incertidumbre entre la población, como el primer afectado, y los centros de salud privado.
La situación fiscal de la Seguridad Social depende y dependerá mucho de las previsiones sobre salarios de la población y su longevidad.
En principio los legisladores, promotores, asesores y técnicos del sistema de salud que promovieron la ley 87-01, no hicieron un buen trabajo a la hora de predecir el impacto que el sistema de seguridad social ocasiona en ámbito económico y social; ni siquiera a un año después de que se produjera la implementación de la referida ley.
Nadie debería poner en duda los resultados en beneficio de la población, pero ocurrió todo lo contrario. Han caído todos los pronósticos sociales y económicos a diecinueve años de su promulgación e implantación. Incluso esto ha dado como resultado una gran acumulación de cuantiosos recursos económicos y de capital.
Este superávit, que hoy los trabajadores reclaman, y que la ley contempla; más 350 cotizaciones para iniciar la entrega de las pensiones. El nivel de inconformidad crece cada día más, debido a que los seguros tienen deficiencias en las coberturas básicas con relación al tamaño de la población.
Caos e incertidumbre
Por supuesto, tenemos que estar preparados para la posibilidad de que haya un gran movimiento, patrocinado por activistas sociales, de la clase trabajadora de los de abajo, así como los políticos. Esto podría conllevar a crear caos e incertidumbre, antes de las elecciones presidenciales del presente año.
A largo plazo la Seguridad Social y todas las instituciones que se relacionan con el sector salud tendrán que propiciar la introducción de cambios a la ley 87-01, ya sea para reducir las cotizaciones o repartir las utilidades que genera los fondos de pensiones en cuotas o en las prestaciones.
