La termoeléctrica de Punta Catalina ha sido un problema desde que se anunció su construcción, primero en unos terrenos en Azua, luego, inexplicablemente, sin muchas explicaciones, en unos de la familia Vicini en la provincia Peravia, que le fueron comprados no sé si sobrevaluados, después que la planta fue construida. Los ambientalistas advirtieron sobre los daños que causarían las plantas a la salud de los habitantes de los pueblos aledaños, pero nadie les hizo caso.
El proceso de licitación fue denunciado como fraudulento porque no se le dio ganancia de causa a los que ofertaron precios mucho más económicos, sino a quienes las presentaron muy altas. Posteriormente se denunció sobrevaluación por encima de los mil millones de dólares. Hasta la fecha nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto terminó costando “Puta” Catalina; unos dicen que dos mil 500 millones de dólares, otros hablan de más de tres mil millones.
(Lo sabremos cuando termine el estudio de costo que realiza una empresa internacional de alto prestigio mundial. Y ojalá haya consecuencias penales contra los que en verdad estafaron al Estado).
El gobierno del PLD habló de vender la planta antes de que fuera inaugurada, a lo que se opuso rabiosamente el actual ministro de Energía y Minas, ingeniero Antonio Almonte y el equipo del Partido Revolucionario Moderno que lo acompañaba. Alegaba, con razón, que no se podía vender un bien público sin un estudio de costo.
Muchas voces, que hoy se levantan en contra del gobierno, guardaron silencio ante las denuncias de fraude, estafa, corrupción, daños al medio ambiente, sobrevaluación, y venta a precio vil, al sector privado, etc. Muchos se metieron la lengua donde no le da el Sol. Algunos que incluso trabajaron para el gobierno pasado, cobrando salarios millonarios como empleados, suplidores y asesores, simplemente se callaron, no dijeron ni esta boca es mía.
Su silencio fue cómplice de todo lo que ocurría alrededor de “Puta Catalina”. Es la misma gente que ahora sale protestando, que ahora critica y maldice, que hace “media tour”, que utiliza las redes sociales para condenar al presidente Luis Abinader por la creación del fideicomiso público -no privado- alegando que se la entregará a los empresarios.
El “fideicomiso” es una palabra rara, confusa, que la gente común no entiende bien porque no se le explicó bien, permitiendo que los opositores, los tragamonedas cómplices del gobierno pasado crearan una corriente de opinión desfavorable, obligando al presidente Abinader a pedirle al Congreso que detenga la discusión y que envíe el proyecto al Consejo Económico Social (CES) para que todos los sectores den su opinión, lo cual muestra el sentido democrático y plural del mandatario.
