El Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, continúa generando rechazo en la clase política dominicana.
El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) llamó a los legisladores a votar en contra del Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, tras afirmar que de aprobarse pondría en “grave peligro” la soberanía nacional.
El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle (Quique), sostuvo que esa ley que se pretende aprobar aplica para otras naciones, “pero jamás para la República Dominicana, que durante décadas viene padeciendo una invasión pacífica de haitianos que amenaza nuestra soberanía”.
Dijo que se trata de una pieza legislativa que de ser convertida en ley, “su aplicación precipitaría el colapso de la nación, lo que no debemos permitir jamás”.
De su lado, el excandidato presidencial Ismael Reyes aseguró que el Proyecto de Ley sobre la Trata de Personas, Explotación y Tráfico ilícito de Migrantes se convertiría en el salvoconducto perfecto para la migración haitiana hacia territorio dominicano.
Reyes aseguró que el “sigilo” con el cual actuó el Ejecutivo introduciendo la pieza, denota una intención que se advierte malsana para los intereses del Estado y de la soberanía nacional, “sobre todo cuando el ejecutivo ante temas que afectan la soberanía ha citado en otras ocasiones a todos los actores del sistema político y social para socializar los temas, pero ahora no lo hizo”.
Pide retirar proyecto
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, calificó de imprudente la presentación del Proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, y sugirió al Poder Ejecutivo retirarlo del Congreso Nacional.
“Si combinamos la crisis política, de salud y seguridad, económica y social, expresada en la disolución institucional que vive Haití, con la aprobación de una ley con esas características, estamos creando el espacio para que en la República Dominicana se establezcan campos de refugiados de manera subrepticia, bajo la apariencia de la aplicación de la ley”, continuó.
Vargas dijo que esto, “además de ir en detrimento de la calidad de vida de los dominicanos, atenta gravemente contra la soberanía nacional y la identidad cultural de nuestro pueblo”.
La dirigencia del Partido de la Liberación Dominica (PLD) también ha rechazado la iniciativa, por entender que se trata de un claro atentado a la soberanía y la estabilidad.
Sobre el Proyecto se pronunciaron por separado congresistas y miembros de los comités Político y Central de esa organización política, calificándolo de adefesio y de sumisión a organismos internacionales.
El candidato a la presidencia de la República por el PLD, Abel Martínez, aseguró que dicho proyecto de ley es un claro atentado contra la soberanía y la estabilidad del Estado, cuyo propósito sería proteger y dar cabida abiertamente a la inmigración ilegal, si se tomara en consideración la profunda crisis y la inestabilidad que se vive en el vecino país de Haití.
Calificó el intento como sumisión por parte del Gobierno, ante las presiones de organismos internacionales para imponer “una agenda antidemocrática en detrimento del país”.
La pieza legislativa irá a vistas públicas
El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, informó que la soberanía nacional será protegida en todos los escenarios, en el contexto del estudio del Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes.
“La iniciativa legislativa, propuesta por el Poder Ejecutivo, responde a modelos internacionales que han sido exitosos en otros países, pero por la situación migratoria particular que tiene la República Dominicana, se harán las modificaciones necesarias para corregir cualquier artículo que no responda al interés nacional”, dijo el presidente del Senado en una rueda de prensa.
Finjus dice proyecto es un compromiso del país
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó que el referido proyecto, es un compromiso pendiente del país desde el año 2007, asumido en el Protocolo de Palermo, Italia. “El Poder Ejecutivo, como obligación, habiendo asumido en convenciones internacionales lo que hace es que remite al órgano competente, que es el Congreso Nacional, una propuesta normativa”, dijo.
