Sisalril entregó 125 informes de auditoría y supervisión que la PEPCA usa como evidencia para demostrar el dolo en las actuaciones de los acusados
Santo Domingo, RD
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales entregó a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una USB con 125 informes de auditoría y supervisión al Seguro Nacional de Salud y Administradora de Riesgos de Salud (Senasa) hechas entre el 2020 y el 2025 donde cita, entre otros elementos, las irregularidades de contratación y pagos fijos a prestadores de servicios de salud.
“Se acredita un patrón de irregularidades en contratación mediante el uso de la modalidad de pago fijo o prospectivo con PSS, práctica que no está contemplada en la normativa y que eliminó la efectividad de las auditorías de calidad, demostrando una acción deliberada para favorecer a ciertos prestadores”, refiere la instancia de solicitud de prisión preventiva como medida de coerción al exdirector de Senasa, Santiago Hazim y a otras nueve personas imputadas en la denominada Operación Cobra.
A las 2:00 de la tarde de hoy está previsto que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de imponer medida de coerción a Hazim, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicio de Salud; Cindy Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, empresarios, Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del Centro de Telemedicina MyCare, Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
La audiencia había sido aplazada el martes para que los abogados tomaran conocimiento del expediente y pudieran preparar sus presupuestos a fin de solicitar que se imponga una medida distinta a la prisión requerida por el Ministerio Público.
Los informes validan, además, según el Ministerio Público, el uso fraudulento de fondos públicos al identificar gastos atípicos superiores a 2,855 millones de pesos en programas nutricionales a las empresas Nutri-med y FlavorHeart , las cuales no poseían las habilitaciones requeridas para ejecutar los servicios de salud pactados.
“El Senasa ocultó o reportó incorrectamente información a la Sisalril (rechazo de carga del esquema 0036) y mantuvo fallas en el control financiero (falta de firma de autorización y segregación de funciones) a pesar de las reiteradas advertencias. Confirmando el dolo en las actuaciones de los acusados”, se relata en la instancia.
Contratos con Eduardo Read
La PEPCA indica que a su llegada al Senasa, Santiago Hazim, deliberadamente monopolizó la prestación de servicios de atención primaria a favor de las empresas del grupo Read: Khersum, Deleste y Farmacard.
La empresa Khersum tenía un contrato base firmado en el año 2016 para la prestación de servicios al régimen contributivo y la modalidad de pago fue por servicios prestados conforme a las tarifas del manual de tarifarios y en abril del 2020 firmó una adenda al contrato para el servicio de telemedicina, estipulando un pago de 285 pesos por consulta, siempre y cuando el prestador asegurara mil consultas a los afiliados.
Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el exdirector de Senasa firma otra adendum donde establece que el monto a pagar a Kersum ya no será 285 por servicios prestados, sino un pago fijo de cinco millones de pesos para una población de dos millones de afiliados.
En el expediente se relata que doce días después de ese adendum, se realiza otro. Esta vez con el objetivo de ampliar la población afiliada e incluir a los del régimen subsidiado donde se cambió los 130 pesos que se pagaba por afiliado al que se le prestara servicios, como establecía el contrato del 2016, para que fueran 65 millones de pesos fijos, mensuales, por 500 afiliados que debían recibir servicios de salud a todo costo.
Dice que en octubre 2021 firmaron otra adenda para ampliar la cobertura e incluir a los pensionados y jubilados. También cambio el modo de pago en el régimen contributivo para que deje de ser por servicios prestados y sea por cápita.
“En virtud de los contratos y adendas a la empresa Khersum, SRL (Punto Medico familiar), desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025 se le pagó un total de tres mil ochocientos ochenta y dos millones ciento trece mil novecientos dieciséis pesos con 57/100”, refiere el Ministerio Público al señalar que un informe forense del septiembre de 2025 reveló un esquema con indicios de irregularidades contractuales, fallas técnicas y actos fraudulentos.
Servicios que fueron auditados
En el expediente se detalla que una auditoría del año 2023 dejó evidenciado que solo 21 mil personas, equivalentes al 4.2% de los afiliados, recibieron servicios de salud y que por tanto, el valor de los servicios presados ascendía a dos millones 730 mil pesos. “Lo que implica pagos sin justificación, por un estimado mensual de 62 millones 270 mil pesos”.
La PEPCA describe que en el año 2022 se firma un acuerdo con Deleste, por un año, estableciendo el precio base a 150 pesos para una población de 130 mil afiliados y se citó los tipos de servicios que darían a la población del régimen contributivo y subsidiado. Luego fue modificado mediante adendas donde se redujo el precio a 130 pesos pero se aumentó el número de afiliados para que fueran 300 mil.
De agosto de 2020 hasta el mismo mes pero en 2025, a Deleste se le pagaron 932 millones 100 mil pesos, dice el documento.
En la solicitud de medida, se hace referencia a que la estructura presuntamente dirigida por Hazim cobraba de soborno entre un 25% y un 30% de las facturaciones de las empresas Khersun, Deleste, Farmacard y Nutri-med.
Juan Ortiz, amigo y presunto cobrador de los sobornos por Hazim, dijo que recaudó 949 millones de pesos entre 2020 y 2022 prevenientes de las empresas Khersum y Nutri-med.
Otro de los testigos claves en el proceso, es el entonces jefe de gabinete del Senasa, Gustavo Güílamo.
