Santo Domingo.- El abogado Ángel Lockward devolvió a la Procuraduría General de la República, de «manera voluntaria», 220 millones de pesos producto del fraude al Estado dominicano, según la acusación de la Operación Calamar.
«Ángel Gilberto Lockward Mella recibió más de noventa y un millones de pesos, pagados a título personal y mediante interpósitas personas, como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., y sus empleados Eilin Bautista, Evelin Feliz Castro y Joar Emil Ortiz Hernández. Además, las cesiones de créditos otorgadas por el acusado Ángel Gilberto Lockward Mella a través de la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S. R. L., a favor de Joar Emil Ortiz Hernández, constituyeron el artilugio jurídico utilizado para distraer parte del dinero pagado de los fondos públicos administrados por el Ministerio de Hacienda, que fue entregado en calidad de soborno a la exconsultora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales Belkiz Antonia Tejada».
El documento explica, que la razón de la inobservancia deliberada en los requerimientos legales, tributarios y protocolares en el expediente de los supuestos sucesores de Manuel Reyes O Ben, y la premura en liberar el primer pago, no fue producto de una mera falta, sino la manifestación de un interés personal del entramado corrupto compuesto por Ángel Donald Guerrero Ortiz, Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, Emilio César Rivas Rodríguez, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Princesa Alexandra García Medina y Ángel Gilberto Lockward Mella, de apropiarse indebidamente de la mayor parte de los trescientos setenta y nueve millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos, pagados con fondos públicos bajo la categoría presupuestaria de deuda administrativa.
“A estos fines, como maniobra fraudulenta queda de manifiesto la prefabricación de los documentos empleados por la organización criminal, liderada en el ámbito jurídico por Ángel Gilberto Lockward Mella y en el ámbito gubernamental por el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz”, indica el expediente en la página 301.
El órgano acusador explica que tanto el abogado Ángel Lockward como el exministro de Hacienda Ángel Donald realizaron «acuerdos transaccionales de fondos a favor de terceros», supuestamente sustentados en deudas contraídas por los supuestos sucesores, reconocidas mediante cesiones de créditos que carecen de fecha cierta y que no habían sido notificadas a la institución ejecutora, es decir, a la Dirección General de Bienes Nacionales, al momento de la elaboración y firma del acuerdo transaccional. Sin embargo, las acreencias de estas fueron establecidas en la distribución del primer pago hasta un 80%.
Según la acusación del Ministerio Público, Lockward adquirió una docena de solares en Azua y una amplia extensión de tierra en Villa Hermosa, La Romana, con dinero proveniente del desfalco al Estado.
Además, se explica que Lockward adquirió 12 solares ubicados en Azua con una extensión de 240 mil metros cuadrados.
El órgano acusador indicó que también adquirió un inmueble identificado como número 409329378496, con certificado de título matrícula número 3000521133, con una superficie de 26 mil un metros cuadrados, ubicado en Villa Hermosa, La Romana.
“El entramado de corrupción se valió de personas físicas, abogados, brókeres, empresarios, ingenieros, y supuestos sucesores de las parcelas investigadas para cometer los hechos ilícitos antes mencionados. Entre estos se encuentra el investigado: Ángel Lockward, abogado en ejercicio privado”, indica el expediente.
La supuesta estafa se efectuó en los últimos meses del Gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando se pagaron miles de millones de pesos por propiedades declaradas de utilidad pública. Por esta razón, también están acusados los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otras 40 personas físicas y jurídicas.
