Ocho años en Najayo y RD$890 millones: así pagará Jairo González por su esquema financiero

Kelmin Santos en prisión suspendida pero con dinero por pagar

Kelmin Santos fue condenado a cinco años de prisión, pero con suspensión total de la pena, bajo estrictas reglas de conducta. Entre estas figuran mantener domicilio fijo, abstenerse de portar armas, no incurrir en consumo abusivo de alcohol, realizar 60 horas de trabajo comunitario, aprender un oficio y someterse a programas de formación.

El tribunal advirtió que cualquier incumplimiento de estas obligaciones aactivaría la ejecución de la condena en prisión.

En lo civil, los jueces acogieron parcialmente las demandas de más de 270 personas y entidades afectadas. Las indemnizaciones fijadas oscilan entre 700 mil y 37 millones de pesos, con un promedio cercano a los tres millones por cada reclamante.

El monto más recurrente fue de dos millones de pesos, cifra otorgada en un centenar de casos. En el extremo superior, se registraron condenas que superan los diez millones de pesos, lo que refleja la magnitud del perjuicio económico causado.

Además del resarcimiento, el tribunal impuso costas penales y civiles a González y Santos, y ordenó decomisos sobre determinados bienes vinculados al caso. Al mismo tiempo rechazó solicitudes de decomiso de propiedades y vehículos pertenecientes a terceros no responsables, entre ellos un apartamento y varias unidades de alto valor.

En lo penal, los jueces descartaron los cargos de lavado de activos y estafa informática, al considerar que no se aportaron pruebas suficientes para sostener esas tipificaciones. Sin embargo, concluyeron que la captación irregular de fondos bajo la apariencia de inversiones seguras quedó acreditada, constituyendo estafa y ejercicio ilegal de actividades financieras.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 4 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha comenzarán a correr los plazos para las apelaciones.

Con este fallo, el tribunal no solo condena a prisión a Jairo González, sino que abre la puerta a la ejecución de embargos y otras medidas de cobro para intentar recuperar parte de los fondos invertidos por cientos de personas que fueron estafadas.