El Ministerio Público archivó una de las investigaciones que estaban realizando en contra del suspendido director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, sometido por el Defensor del Pueblo tras la presunta cancelación masiva de colaboradores a los que no se les pagó prestaciones y por la negativa del funcionario de ofrecer información requerida.
El archivo provisional del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, fue dispuesto por el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José Del Carmen Sepúlveda, quien estaba encargado de este proceso de investigación desde que el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, interpuso la querella el 13 de septiembre del año pasado en contra Adán Peguero.
“En el dictamen del archivo, el Ministerio Público establece que en cuanto al querellado Adán Alberto Peguero de León existe un impedimento legal que imposibilita al órgano acusador continuar con el proceso en curso, hasta tanto se defina el estatus del querellado que, en pocas palabras, se reduce a que luego de la presentación de la querella fue suspendido por el Poder Ejecutivo”, establece un escrito del Defensor del Pueblo.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, no está de acuerdo con el dictamen del procurador Sepúlveda y depositó una objeción al archivo de la querella. Actuó a través de los abogados Harold Modesto y Roberto Quiroz.
En el escrito de objeción, estos abogados establecen que el procurador de corte tomó la decisión de archivar sin realizar ningunas de las diligencias que le propusieron para investigar.
Citan que “en fecha 15 de octubre de 2021, depositamos ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional un escrito de proposición de diligencias a los fines que el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional requiriera los expedientes de cada uno de los empleados desvinculados de la referida institución, así mismo, para que se produjera la validación de correos enviados y llamadas realizadas al Instituto Postal Dominicano (Inposdom).
Sin embargo, el Ministerio Público – continúa explicando Ulloa – no nos informó de la realización de ninguna diligencia ni respuesta al respecto”.
Es por esto que en su objeción están solicitando que sea revocado el archivo “de fecha 26 de abril de 2022, emitido por el Dr. José Del Carmen Sepúlveda, procurador general titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conjuntamente con el Licdo. Miguel Estrella Toribio, MA, procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con todas las consecuencias que de ello se derivan”.
También solicitan que se ordene “al Ministerio Publico continuar con la investigación con relación a la querella interpuesta en fecha 13 de septiembre de 2021, en contra de Adán Alberto Peguero de León, Director General del Instituto Postal Dominicano [Inposdom], por la violación al artículo 27 de la Ley núm. 19- 01 sobre el Defensor del Pueblo y el artículo 234 del Código Penal, por denegación de servicios legalmente debidos, al negar información al Defensor del Pueblo y obstaculizar su labor y, como consecuencia de la investigación, ordenar que presente la acusación como acto conclusivo”.
Queda un pendiente en la Pepca
A pesar de que se archivó este caso, el suspendido funcionario del Inposdomtiene pendiente otro problema con la justicia. Adán Peguero está bajo investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por la presunta contratación irregular con la empresa Mía Cargo Group.
La Dirección de Contrataciones Públicas había solicitado la destitución del suspendido funcionario, luego de una investigación realizada junto la Unidad Antifraude de la Contraloría General de República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la que encontraron anomalías en el Inposdomque datan de varios años y a las que Peguero sumó “nuevas violaciones”.
También sugirió al presidente destituir al consultor jurídico de Inposdom, Joaquín Félix Santana, “por haber incurrido en faltas graves” y pidió que sea suspendido en todos sus efectos el acuerdo suscrito entre el Inposdom y la empresa Mía Cargo Group, “por estar manifiestamente contrario al ordenamiento legal y, en ese mismo orden, se le ordene a la institución contratante a efectuar el procedimiento de contratación de servicio conforme el ordenamiento jurídico vigente”.
