El liderazgo político del país logró un acuerdo para salir de la crisis generada por la suspensión de las elecciones sin producir vacío institucional ni profundizar la crisis.
El 16 de febrero del 2020, es un día negro y trágico en la historia democrática y electoral del país, por la suspensión de las elecciones debido a un fallo en el sistema de votación que impidió que la ciudadanía pudiera ejercer el derecho al sufragio.
Fue un día intenso y extenso por el impacto y velocidad de los acontecimientos, pero al mismo tiempo probó la madurez del liderazgo político del país que logró un acuerdo para evitar la profundización de la crisis y no ceder a la presión de las protestas que pedían la renuncia o destitución de los miembros de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, Carmen Imbert Brugal, Roberto Saladín, Henry Mejía y Rosario Graciano de los Santos.
Si el liderazgo político hubiese tomado ese camino, seguro que la elección de nuevos miembros de la JCE hubiese extendido la permanencia de la crisis, se dificultaba la elección de los nuevos miembros y probablemente no se hubiesen realizado las suspendidas elecciones el 15 de marzo.
Eso hubiese provocado un vacío de poder municipal, pues las autoridades de ese momento vencían su mandato el 24 abril de 2020, según la Constitución.
Luego de un diálogo los partidos acordaron una comisión de acompañamiento a la JCE, el voto manual, y se usaron los escáneres que habían sido desechados previamente tras las críticas de las elecciones del 2016.
Incluso, al día de hoy se discute la legalidad de la decisión de suspender las elecciones, pero los dirigentes políticos no alimentaron ese planteamiento.
Crónica de los sucesos
A las 7:00 am del 16 de febrero del 2020, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, anunciaba el inicio formal de las votaciones y cuatro horas más tarde, a las 11:11 am, informaba de la suspensión de las elecciones, luego que era de demonio público que el sistema de votación había colapsado.
Desde la noche del 15 de febrero los informes sobre problemas en el sistema dispararon las alarmas en los partidos de oposición que convocaron de urgencia a la JCE y la misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en busca de explicación de lo ocurrido. A pesar de eso, la JCE dejó oficialmente iniciadas las votaciones.
Por el hecho, el entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) culpó a la oposición, encabezada por Luis Abinader y Leonel Fernández, de boicotear las votaciones, desde la oposición, tanto el hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el entonces naciente partido Fuerza del Pueblo (FP), acusaron al PLD de un intento de fraude que no pudo ejecutar.
El partido morado, ya bajo el dominio absoluto de Danilo Medina, arrastraba esa acusación de fraude desde las primarias de octubre del 2019, también con el sistema de voto electrónico, que se estrenó en ese proceso.
Mientras los dirigentes políticos se ocupaban de culparse mutuamente por el desastre, la Plaza de la Bandera empezó a llenarse de gente, jóvenes en su mayoría, que exigían una respuesta a lo ocurrido. Concomitantemente, fue detenido el jefe de seguridad del entonces candidato de oposición, Luis Abinader, Rafael Guzmán Peralta y el técnico de la compañía Claro, Manuel Antonio Regalado, ambos acusados de un supuesto boicot al sistema de votación.
La indignación de la población creció por el manejo oficial del tema y la insistencia de instrumentar un expediente contra los colaboradores de Abinader para responsabilizarlos de lo ocurrido. Mientras, más gente se sumó a las protestas de la Plaza de la Bandera y distintos pueblos del país.
Ante la gigantesca ola de protestas, el gobierno de Medina anunció que dejaba sin efecto la investigación en la Procuraduría contra el técnico y el coronel y que encargaría a la OEA una investigación para saber qué pasó con el fallido sistema de votación. El organismo entregó el informe en abril del 2020 y el único responsable hasta ahora ha sido el entonces director de informática, Miguel Ángel García.
Descuido y mala gestión de la JCE generaron fallo
El informe de la OEA responsabilizó a la JCE de la mala gestión del sistema de voto y toda la responsabilidad sobre el entonces director de cómputo, Miguel Ángel García.
A pesar de eso, el informe tiene datos que llaman la atención sobre el manejo del órgano. Por ejemplo, según el anexo 4.3 de la página 108, el pleno de la JCE obvió solicitar a la empresa proveedora una ampliación del ancho de banda que había pedido la Dirección de Informática el 6 de febrero, diez días antes de las elecciones.
El punto cuatro de las conclusiones del informe señala que “permitir posteriormente el uso de una tecnología inalámbrica, como módems 4g, sin controles previos ni solicitud de soporte al proveedor, existiendo un antecedente de falla en la personalización de las elecciones primarias, resultó determinante para la materialización de la falla”.
El informe añade que el responsable de redes de la JCE informó al equipo de investigación de la OEA que la ampliación de banda solicitada no se logró. En el anexo 4.2, el informe señala que la JCE había tenido un problema similar en las primarias de octubre de 2019, pero que fue comunicada y la empresa proveedora de servicio lo resolvió, pero que eso no ocurrió en febrero del 2020.
