Instituciones quedaron mal paradas en la evaluación mensual que realiza la Dirección General de Ética
A los fines de facilitar el más amplio acceso a la información pública, toda página web gubernamental deberá contar en el menú principal con una división claramente visible identificada como “Transparencia”, espacio donde estarán obligados a publicar desde la declaración jurada de sus funcionarios, los procesos de compras hasta la nómina actualizada.
La disposición está contenida en la resolución 002-2021 de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que crea el portal único de transparencia y establece las políticas de estandarización de las divisiones de transparencia.
Sin embargo, las instituciones gubernamentales no son las únicas que están compelidas a transparentar sus procesos a través de este subportal.
La publicidad de la información pública es de carácter obligatorio, la cual debe hacerse disponible y ser actualizada de forma permanente por parte de todos los poderes del Estado, órganos constitucionales, organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o descentralizados; así como todo organismo legalmente constituido o en formación, que sea destinatario de fondos públicos, incluyendo los partidos políticos constituidos o en formación.
Así lo establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04.
Evaluación mensual
En ese sentido, la resolución 002-2021 dicta que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental evaluara todos los meses los portales de transparencia. El índice de transparencia (IT) de las instituciones del Estado será publicado trimestralmente en la página web de la Digeig.
Estas fueron las instituciones gubernamentales con las más bajas puntuaciones en las evaluaciones realizadas en los primeros tres trimestres del 2021 en base a 100 puntos: Instituto Nacional de la Uva (16, 5, 15), Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción (17,16, 1) y Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (14,28, 45).
Obtuvieron malas calificaciones el Instituto Azucarero Dominicano (25,23,26), Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (22,6, 15), Instituto Cartográfico Militar(24,43,80), Consejo Nacional de Fronteras (52,65,38) y Proindustria (52,64,43).
Tampoco pasaron la evaluación, el Instituto Duartiano (18,23,50), Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria (3, 11, 52), Instituto Técnico Superior Comunitario (22,22,44) Oficina Nacional de Derecho de Autor, (28,43, 63 ), Instituto Postal Dominicano (54,68,58) y el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria ( 66, 83, 65)
La Comisión Permanente de Efemérides Patria y la Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología reprobaron con cero.
La información del sistema monitoreo de portales de transparencia incluye hospitales entre otras entidades descentralizadas y autónomas.
Otros organismos estatales que no pasaron la prueba fueron la Junta Central Electoral (0, 1, 6), Tribunal Superior Electoral (12,15,20), Cámara de Diputados de la República Dominicana (11,14,32), Suprema Corte de Justicia (45, 63, 70) y el Senado de la República (39, 45,33).
¿Qué evalúan los portales?
“La calificación de las evaluaciones realizadas a las divisiones de transparencia de los portales web institucionales para garantizar el cumplimiento de la publicidad de las informaciones mínimas exigidas por las normativas vigentes de transparencia gubernamental y la Ley 200-04”, destaca la Digeig en su página web.
La ley 200-04 declara como obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o descentralizados, la presentación de un servicio permanente y actualizado de información referida a: presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución; llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados.
Otros documentos al alcance
Asimismo, deberán ser correctamente publicados los listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley; así como los beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros.
De igual forma deberá estar disponible los estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos; índices, estadísticas y valores oficiales; leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de normativa y arcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los servicios públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios, y sanciones.
En el otro extremo están, las instituciones con excelentes calificaciones (95-100), entre las que figuran: el Consejo Nacional de Competitividad, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega, Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ganadería.
Buenas notas
Entre las entidades con mejores notas están la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones Del Estado, Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, Dirección General de Pasaportes, Dirección General de Sistema Único de Beneficiarios, Instituto de Estabilización de Precios, Ministerio de Administración Pública, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Interior y Policía
Resaltan por sus altas puntuaciones, la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Valores, Tesorería de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, entre otras
Lineamientos de la Digeig
La resolución vigente precisa que la Digeig facilitará a las instituciones los lineamientos de publicación de la información y los formatos estandarizados que serán utilizados para la presentación de las informaciones en los diferentes apartados de la división de Transparencia.
De igual manera, la división de transparencia presentara de forma veraz, completa, oportuna, congruente, integral, actualizada, confiable, comprensible, verificable y en formatos abiertos la información pública.
Defiende derecho a la información
Que todo ciudadano se empodere del derecho que tiene de exigir información pública con la conciencia de que las instituciones públicas tienen el deber de ofrecerla, es uno de los objetivos que persigue el programa Monitoreando, que desarrolla Participación Ciudadana. “A los ciudadanos les damos herramientas para que conozcan la ley y cómo exigirla. Ese proyecto que cerró ahora en enero, tenía dos años impactando el territorio sobre todo en la zona Sur.
Nosotros lo que hacíamos es darle las capacidades técnicas para que conozcan la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley de los Ayuntamientos para empoderarlos para que entiendan que tienen que exigir y que la autoridad debe darle”, explica Leidy Blanco, coordinadora general. También puso a disposición de los ciudadanos la herramienta Café Claro, la cual tiene como objetivo brindar la posibilidad de monitorear y velar por la calidad del gasto de los recursos públicos.
