Washington, Estados Unidos. Sin perder tiempo, el 6 de enero los agentes federales se pusieron manos a la obra buscando en las redes sociales, analizando videos y verificando delaciones anónimas para depurar responsabilidades después del asalto al Capitolio, el templo de la democracia estadounidense.
Este «enorme trabajo», «masivo», es «una de las mayores investigaciones en la historia del FBI», afirma Lorenzo Vidino, director del «Programa sobre el Extremismo» de la Universidad George Washington.
– Una lista que se alarga –
Estos esfuerzos permitieron, en casi un año, detener y acusar a más de 725 simpatizantes del expresidente Donald Trump que, tras haberle escuchado denunciar que le habían robado las elecciones, irrumpieron en la sede del Congreso cuando los congresistas certificaban la victoria de Joe Biden.
Casi todos los días se añaden nombres a la lista: la policía federal mencionó inicialmente a 800 participantes pero ahora cree que al menos 2.000 personas estuvieron «involucradas en el asedio».
– Hombres blancos –
Los acusados son sobre todo hombres (87%), blancos, con una media de edad de 39 años, «superior a la edad habitual en los extremistas», subraya Vidino, cuyo centro de investigación recopila todos los procesamientos que se llevaron a cabo.
Proceden de todo el país y tienen perfiles socioeconómicos variados (abogado, paisajista, agente inmobiliario, etc) pero abundan las personas con experiencia militar y en situación de quiebra.
Entre ellos hay militantes de extrema derecha, conspiradores pero también simples simpatizantes de Donald Trump que están convencidos de la necesidad de librar una cruzada poselectoral.
– Delitos –
La mayoría de los implicados, que aparentemente se contentaron con recorrer el edificio, están procesados por delitos menores, como violación de una prohibición de entrada o alteración del orden público.
Los fiscales parecen juzgarlos rápidamente mediante un acuerdo de declaración de culpabilidad: unas 165 personas ya se han acogido a este sistema y se han dictado unas 50 sentencias.
La mayoría son leves: un joven, que reconoció haber robado una cerveza en el despacho de la líder demócrata Nancy Pelosi, fue condenado a 20 días de prisión, que purgará los fines de semana para mantener su puesto de trabajo.
Pero se impuso una pena de prisión de tres años y medio a Jacob Chansley, de 34 años, quien con su tocado de cuernos de búfalo se convirtió en uno de los rostros emblemáticos del asalto.
Su abogado Al Watkins deplora estas diferencias que, según él, transmiten «un mensaje equivocado». «No les parece justo a quienes se consideran presos políticos» y se corre el riesgo de reforzarlos en sus posiciones, declaró a la AFP.
– La minoría violenta –
Las penas más duras se conocieron recientemente y recayeron en las aproximadamente 225 personas acusadas de haber cometido actos violentos, sobre todo contra los policías del Capitolio.
Robert Palmer, de 54 años, acaba de ser condenado a cinco años de cárcel por arrojar tablas y un extintor, entre otras cosas, a los agentes.
En este grupo, unas 40 personas también están siendo juzgadas por «asociación de malhechores», lo que implica haber planeado el ataque. Este cargo, el más grave, va dirigido en particular a miembros de los grupúsculos de extrema derecha Proud Boys, Oaths Keepers o Three Percenters.
Estos acusados, algunos de los cuales llevan meses en prisión preventiva, serán juzgados probablemente por jurados populares. El primer juicio podría celebrarse en febrero. Un treintañero neoyorquino, miembro de los Proud Boys, acaba de llegar a un acuerdo con la fiscalía, con la que colaborará, a cambio de una pena reducida.
Nadie ha sido acusado todavía de «sedición» o «insurrección», unos cargos difíciles de probar. Según Vidino, los fiscales «intentan ser todo lo imaginativos que pueden dentro de un marco legal restrictivo». En Estados Unidos, recuerda el experto, se puede investigar a grupos extremistas extranjeros pero no a organizaciones estadounidenses con una ideología radical y violenta.
– Los instigadores-
Queda por determinar quiénes, de los que no acudieron al lugar, incitaron u orquestaron el asalto.
Por ahora los fiscales han dejado que sean los congresistas quienes lo investiguen.
Aunque los senadores republicanos permitieron que Trump fuera absuelto de un juicio político en febrero, el expresidente no está fuera de peligro.
Un comité de investigación de la Cámara de Representantes intenta dilucidar qué papel han desempeñado Trump y sus colaboradores. Si logra reunir pruebas para acusarle, los fiscales podrían utilizarlas. Entonces podría abrirse una nueva página de esta extensa investigación.
