Fotografía muestra al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dando declaraciones a la prensa sobre el caso Calamar
Santo Domingo RD
La acusación que presentó el Ministerio Público en contra de los implicados en el caso Calamar, en donde figuran como principales involucrados los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, señala que se utilizaron unas seis instituciones públicas, más el banco de Reservas para estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos.
El Ministerio Público establece alrededor de 21 características que utilizó este “holding criminal” para cometer la supuesta estafa.
La acusación explica que el grupo utilizó un organigrama a partir del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto, “con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano”.
Para este supuesto desfalco se creó un “Programa de financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21,000 000 000.00 millones de pesos”, cuyos pagos sirvieron para “una mega operación de lavado de activos”.
Asimismo, establecen que los involucrados falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21 mil millones de pesos de forma irregular.
“Constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel”, dice la acusación.
El Ministerio Público los acusa, además, de adulterar fechas de registros y de firma de contratos para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades “exorbitantes del patrimonio público”, por medio de contratos de negociación simulados.
Estos involucrados supuestamente accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 mil millones de dólares, “sin ninguna garantía”.
Además, se les señala el haber falseado la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido.
“Crearon necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, y así lograron que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares, que formaban parte de dicha organización criminal”, señalan.
Asimismo, establecen que requerían a los titulares de los ministerios y direcciones generales como el caso de Obras Públicas y la Oficina de Obras de Ingenieros Supervisores del Estado, “la cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones ejecutoras listados de expedientes con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”.
Otros de los delitos que se les señala es crear una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros. “En ese sentido, se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado”.
Establecen que la maniobra también contó con la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares de títulos, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales.
También realizaban pagos millonarios “sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago”, además de distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes.
El grupo supuestamente simulaba deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
“El ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”, dice la acusación. Utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas, inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.
Además utilizaron empresas de carpeta cuya a finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.
En el caso están involucrados además, el excontralor general de la República, Daniel de Jesús Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el abogado Ángel Lockward; Marcial Reyes; Rafael Calderón Martínez; Claudio Silver; Yahaira Brito Encarnación y su esposo Ramón David Hernández.
También, Aldo Antonio Gerbasi Fernández; Princesa García Medina; Alejandro Constanzo; Ana Linda Fernández de Paola; Emir Fernández de Paula; Julián Omar Fernández; Oscar Arturo Chalas; Rafael Parmenio Rodríguez; Omar Manuel Miqui; Rosa Arias; Agustín Mejía Ávila.
Igualmente, Marino Enrique Cabrera, César Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil y Daniel Guerrero.
