El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, llevará el proceso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, y su esposa, Cilia Flores, incluida por primera vez en la acusación por su presunta participación en la coordinación de la red.
Hellerstein, nombrado en 1998 juez del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) por el expresidente Bill Clinton, es un especialista en casos complejos, de alto perfil, y ha tratado procesos relacionados con el crimen organizado y delitos transnacionales.
Nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933, Hellerstein estudió en la Columbia University, sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960 y trabajó casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializándose en disputas comerciales.
Clinton lo nombró juez de distrito en 1998 y desde 2011 mantiene la condición de juez senior, lo que le permite continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo.
Hellerstein se ha encargado de casos como los litigios masivos por daños tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y procesos contra altos ejecutivos financieros, así como otros relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo ´El Pollo´ Carvajal.
El SDNY y su influencia en el caso
Mientras, el SDNY, que conducirá los primeros actos procesales contra Maduro -aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, dejó entrever que el juicio podría también tener lugar en Florida- es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado.
La corte ha sido históricamente escenario de juicios mediáticos, como los celebrados contra el narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández o el exproductor Harvey Weinstein.
Hellerstein y el caso de Maduro
Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, lo que le permitió familiarizarse con el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.
Se espera que en la audiencia de este lunes en Manhattan el juez lea formalmente los cargos y defina los primeros pasos del proceso, garantizando que la acusación sustitutiva, hecha pública el pasado sábado, se tramite bajo su supervisión.
Esta acusación ampliada reitera los cargos contra Maduro, principal acusado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.
Por primera vez, la acusación incluye a Cilia, a quien la Fiscalía señala por su presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.
Según los fiscales, su incorporación amplía el alcance del caso y respalda la hipótesis de que el narcotráfico formaba parte de una red organizada desde los niveles más altos del poder venezolano.
Entre los otros imputados -que no están en suelo estadounidense- se encuentra Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario, por su supuesta implicación en la coordinación de envíos de cocaína y en el uso de recursos estatales para dichos fines.
Completan la lista Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia y exgobernador; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, identificado como líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Hellerstein señaló en un fallo de mayo de 2025 sobre la Ley de Enemigos Extranjeros que «puede que el Tren de Aragua se dedique al tráfico de estupefacientes, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o incursión depredadora», puntualizando que la presencia de grupos criminales no exime al tribunal de garantizar un juicio justo.
Washington, por su parte, ha aseverado que altos funcionarios vinculados a esta investigación están relacionados con el llamado Cartel de los Soles, término utilizado por sus autoridades para describir presuntos vínculos entre el régimen venezolano y el narcotráfico.
