Gonzalo Castillo y demás acusados en arresto domiciliario no solicitaron variación de medida de coerción

Abogados Operación Calamar (Fuente externa)

Gonzalo Castillo, excandidato a la Presidencia por el PLD en el 2020  y otros 17 acusados en Operación Calamar acudieron hoy al tribunal porque la audiencia fue fijada cuando se les impuso el arresto domiciliario, pero ninguno solicitó que se les variara la medida de coerción, razón por la que se dejó sin efecto la audiencia.

La audiencia fue suspendida a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó su titular Wilson Camacho.

Explicó que la revisión obligatoria se hace a la prision en una cárcel y en el caso del arresto domiciliario a solicitud de las partes y ninguna de las defensas pidió se modificara  la medida.

En el caso de los exministros de Hacienda y de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, que sometieron sendos recursos de revision a la prisión,  «como consecuencia» de esas impugnaciones se mueve la fecha de la revisión obligatoria, lo que hizo el tribunal al fijarla para el 1 de septiembre, aclaró Camacho.

Los veinte imputados en el expediente de la Operación Calamar están acusados de sustraer los recursos a través de  pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.

Los abogados de los sucesores de la familia Mota dijeron estar conforme con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

Los Mota, una de las varias familias estafadas por la red, señalan al abogado Ángel Lockward como uno de los principales estafadores de ese clan con más de 640 millones de pesos.

Los abogados que representan a los sucesores  de los Mota son  Yahaira Solano, Onasis Rodríguez Piantini y José Javier Bidó

Gonzalo Castillo

Acusada de Operación Calamar (Fuente externa)

Documentos Operación Calamar (Fuente externa)

La propiedad de Jorge Mota y Mercedes Telemín, quienes murieron en los años 40, están ubicados en Higüey. Fueron  vendidas al Estado dominicano, cuyos libramientos de pagos se hicieron de manera irregular, según el Ministerio Público.

Además de Peralta, Guerrero, Castillo y Lockward se vincula en la estafa al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

También a Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Á. y Víctor Matías Encarnación.