La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que una eventual ley sobre juicios de extinción de dominio debe ser el resultado de un proceso participativo, donde diversos sectores puedan aportar para generar la construcción colectiva de una herramienta eficaz contra el crimen organizado y la corrupción, bajo el marco de la seguridad jurídica y las garantías constitucionales.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, expresó que se requiere continuar con la sociabilización de esta pieza legislativa enfocando hacia la clarificación de los aspectos que generan preocupación válida.
Planteó la necesidad de contar con una legislación que instituya la figura jurídica de extinción de dominio de conformidad con el mandato constitucional que refiere a la posibilidad del Estado de perseguir los bienes de origen o destinación ilícita mediante la vía jurisdiccional.
Castaños Guzmán dijo que si bien existen figuras conocidas del proceso penal tales como el decomiso, la extinción de dominio busca enfocar la acción estatal en orden a golpear los recursos financieros y el poder económico de las organizaciones criminales y las redes de corrupción con el objeto de irlas debilitando de forma progresiva hasta su inoperancia.