Las previsiones de la Airef, el organismo independiente encargado de velar por el buen uso de los recursos públicos, la España en la que viviremos a mitad de siglo contará con 52 millones de habitantes. 3,4 millones más de los que tenía censados a comienzos del año pasado. La inmigración será un factor clave para compensar el declive imparable que afronta la población nativa. Aunque las tasas de fecundidad mejorarán algo, seguirán todavía muy lejos de los niveles de reemplazo generacional.
La España de 2050 será un país en el que se vivirá más años. La esperanza de vida alcanzará los 87 años, tres más de los que se aspira a vivir en la actualidad. Sin embargo, la creciente vulnerabilidad de una población mayor, que necesitará de más cuidados, atención sanitaria y fondos públicos para su sustento, se sustentará sobre los hombros de menos personas.
Las estimaciones de la Airef apuntan a que en 2050 habrá 30,7 millones de personas en edad de trabajar, 2,2 millones menos que en la actualidad. Y esto, suponiendo que la llegada de migrantes cumpla el guion previsto. En un escenario con menores flujos migratorios, la población en edad laboral sufriría una merma todavía mayor.
La combinación de más personas necesitadas y menos habitantes en edad de trabajar supondrá un mayor esfuerzo para los segundos. Hoy, hay 3 personas en edad de trabajar por cada niño y jubilado. Pero dentro de 25 años, esa proporción se habrá reducido a 1,7. En el caso de los mayores, de 66 años, la proporción de potenciales cotizantes por cada pensionista se reducirá desde los 3,8 actuales a 2,1.
Gasto en pensiones
La factura que supondrá el envejecimiento para las arcas públicas será muy considerable. El gasto no financiero de la administración crecerá en unos 100.000 millones de euros (en términos de PIB de 2024), impulsado fundamentalmente por las necesidades en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. Y aunque el país contará también con más ingresos (unos 61.000 millones más) para sufragar el gasto, no serán suficientes para contrarrestar el desequilibrio.
Salvo que se produzcan ajustes, la Airef estima que la deuda pública se elevaría hasta el 129% del PIB en 2050. El gasto en los intereses para hacer frente a esas obligaciones prácticamente se duplicaría, pasando de 38.200 millones en la actualidad a más de 75.000 millones. Si nada lo remedia (y siempre y cuando las previsiones, sometidas a enorme incertidumbre, se cumplan), la deuda pública podría alcanzar el 181% del PIB en 2070.
Los desembolsos extra necesarios para financiar el sistema de pensiones rondarán los 51.000 millones de euros en 2050 respecto al escenario actual (siempre en euros de 2024). Prácticamente, la mitad del gasto adicional que se estima para dentro de 25 años. Y aunque las cotizaciones sociales aportarán unos 16.000 millones más, la brecha entre los ingresos y los gastos del sistema exigirá un esfuerzo adicional del Estado —que se financiará a través de los impuestos— de unos 35.000 millones. Un 60% más que en la actualidad y unos fondos que no se podrán destinar a otras partidas.
El aumento drástico en el número de pensiones explica buena parte del gasto extra necesario. De las 11,3 millones pensiones actuales entre contributivas, clases pasivas y no contributivas, se pasará a 17 millones en 25 años. Un 50,4% más. A esto habrá que añadir el coste de las revalorizaciones con el IPC y el efecto sustitución que supondrá que los pensionistas que vayan falleciendo vayan siendo reemplazados por otros con nóminas más elevadas.
Las previsiones de la Airef apuntan a que la edad efectiva de jubilación (a la que la gente realmente se retira) pasará de los 65,2 años actuales a 66,2. Aunque la reforma del sistema de pensiones diseñada por el exministro José Luis Escrivá (ahora gobernador del Banco de España) aumentará los ingresos, no será ni mucho menos suficiente como para compensar el alza de los gastos que también acarrean.
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