El MP recurre decisión que dejó en libertad a siete policías acusados por masacre en La Barranquita

Santiago, RD.- El Ministerio Público apeló la decisión que otorgó libertad bajo medidas de coerción distintas a la prisión preventiva a siete agentes de la Policía Nacional, acusados de participar en la «ejecución extrajudicial» de cinco personas en el sector La Barranquita, de Santiago.

La Corte de Apelación fijó para el martes 18 de noviembre la audiencia en la que conocerá el recurso.

El órgano acusador busca que el tribunal revoque la decisión del Juzgado de Atención Permanente, el cual impuso garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica a los oficiales Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, así como al raso Adrián Miguel Villalona Pineda.

Cada uno de ellos fue beneficiado con una fianza de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, además de las otras restricciones judiciales.

Por el mismo caso guardan prisión preventiva el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, quienes están recluidos en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Prisión preventiva a otros cuatro

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró el proceso como de tramitación compleja e impuso prisión preventiva a cuatro de los imputados, además de disponer una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del expediente.

Los 11 agentes están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.

De acuerdo con la acusación, los policías llegaron la tarde del 10 de septiembre a una plaza comercial de La Barranquita a bordo de tres vehículos y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra las víctimas.

El Ministerio Público sostiene, además, que, tras cometer el hecho, los agentes sustrajeron los DVR de cámaras de seguridad y varios teléfonos celulares de personas que se encontraban en el lugar, con el fin de eliminar evidencias y entorpecer la investigación.