El fideicomiso como política de Estado

Miguel Guerrero

A juzgar por su insistencia en las “alianzas públicas y privadas” y los fideicomisos, tal vez el presidente Luis Abinader esté actuando con sinceridad al confesarle al país su desconfianza en colaboradores y dirigentes de su partido para encarar los problemas más acuciantes de la nación. Son ya 14 los contratos y decretos de fideicomisos, que abarcan desde el desarrollo de una provincia, Pedernales; la reforma de la Policía Nacional, la exportación de tilapias y el activo público más importante como es Punta Catalina.
La resistencia a la idea de poner al Consorcio bajo administración de un grupo privado por 30 años, está erosionando la popularidad del gobierno, lo cual es muy inquietante dada la necesidad de que el Presidente preserve un alto nivel de confianza para acometer con éxito los grandes desafíos que deberá encarar en lo que resta de su mandato de cuatro años.

La insistencia presidencial de aferrarse a ese esquema no le ayudará a apalancar los retos que él mismo se ha propuesto. Gran parte de la población, la que se alimenta en las redes y adquiere conciencia de los temas por lo que escucha y lee en los medios, tiene ya forjada una opinión sobre las propuestas presidenciales y es poco probable que ella cambie por efecto de la publicidad y la ingente promoción oficial.

Por eso, sería un grave error aferrarse al esquema del fideicomiso. Tratar de imponer ese modelo como una solución a la ineficiencia que falsamente se le atribuye al Estado como protector del patrimonio público y orientar el gobierno hacia un esquema de privatización disimulada, tendrá graves derivaciones. Si bien se acepta que la gerencia privada de empresas suele ser más competente, el Estado no funciona como un negocio privado y el gobierno está en la obligación de proteger el bien público y a los sectores más vulnerables, aquellos a los que el mercado deja a merced de los más fuertes.