En algunos casos de corrupción, el Ministerio Público ha estado abierto a negociar con imputados a cambio de sus delaciones, a fin de obtener informaciones que le permitan reunir más pruebas y fortalecer los expedientes.
En búsqueda de informaciones valiosas, el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con estas personas, dándoles un trato privilegiado, que va desde excluirlos del expediente y usarlos solo como testigos, o de solicitar una medida de coerción menos gravosa, que no sea la prisión preventiva.
“Todo el que colabore con una investigación del Ministerio Público tendrá la seguridad que sea necesaria para garantizar su integridad física y las de sus familiares”, expresó en una ocasión el titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Uno de los nombres que ha tenido más notoriedad es el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, implicado en la red de corrupción desarticulada mediante la operación Coral, que tiene como principal acusado al mayor general Adán Cáceres, exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina.
El exdirector financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística empezó a mostrar su interés de cooperar con el Ministerio Público desde las primeras audiencias de medida de coerción, en mayo del 2021, cuando admitió su implicación y advirtió que iba a decir toda la verdad sobre el entramado.
Su nombre se popularizó tanto que en siguientes procesos se escuchaba alguna gente comparar a delatores con éste, refiriendo que tal persona era el “Girón” de ese nuevo caso que había sido sometido. Públicamente dijo cómo operaba la red. Señaló que le pidió borrar las nóminas de las instituciones que administraba y responsabilizó de algunos hechos a otros vinculados.
Por esa colaboración de Girón, el ministerio público no pidió prisión preventiva en un centro de corrección, como hizo con los demás implicados, sino domiciliaria, la cual cumple en una residencia desconocida hasta el momento por razones de seguridad.
El caso Medusa
En la red de corrupción desmantelada en la operación Medusa sobresale como delatora Rainery Elizabeth Medina Sánchez, exencargada del departamento de Almacén de la Procuraduría en la pasada administración, que no figura entre los acusados.
A esta mujer, la corte de apelación de Santo Domingo le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, al ser acusada de encabezar una banda que sustrajo televisores de la Procuraduría, cuando era encargada del área de almacén.
El ministerio público no se opuso a la variación de la coerción, entre otras razones, porque se mantiene cooperando con el proceso.
En una ocasión, el principal acusado en el caso Medusa, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, consideró que el proceso en su contra no sería más que una fábula inventada por la exempleada de la Procuraduría.
La mujer admitió su participación a los fiscales en el entramado de corrupción, realizando entradas irreales de órdenes de producto incompletos, facturas adulteradas y en licitaciones amañadas, responsabilizando de estos ilícitos a otros implicados en el caso.
Luego, cuando el Ministerio Público presentó la acusación y solicitud de apertura a juicio, la semana pasada, dejó fuera a uno de los que inicialmente figuraba, por su cooperación.
Se trata del exjefe de Gabinete de la Procuraduría, Rafael Stefano Canó Sacco, quien no fue procesado judicialmente junto a los demás que se le conoció la medida de coerción porque logró salir del país y fue declarado prófugo. Después fue solicitada su extradición, pero no ha sido traído al país.
Otro que cooperó, denunciando los sobornos y aportando evidencias fue el ingeniero Antón Casanova, quien tampoco aparece en el expediente, pero le atribuye las maniobras fraudulentas a Canó Sacco.
En el caso Pulpo, que fue el primero desmantelado, a final del 2020, el Ministerio Público también ha contado con la cooperación de imputados, personas investigadas o mencionadas en el expediente, en el que figura como cabecilla Alexis Medina.
En este incluso, varios investigados decidieron devolver dinero obtenido de forma ilícita. Tal es el caso de Wilfredo Arturo González Castillo y Bolívar Antonio Ventura Rodríguez.
Legalidad.
La ley 76-02, que instituye el Código Procesal Penal, contempla el criterio de oportunidad, en el artículo 34, que otorga potestad al Ministerio Público para prescindir de la acción pública sobre uno o varios de los hechos atribuidos o de imputados. El artículo 281 establece las causales para disponer el archivo de un caso, incluyendo que las partes hayan conciliado y que se proceda aplicar un criterio de oportunidad, con lo cual se extingue la acción penal. El artículo 363, señala el procedimiento penal abreviado, que lo propone previo a que se ordene la apertura de juicio.
