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Dan 13 años de cárcel a periodista Miguel Mora en Nicaragua
El periodista Miguel Mora. (FUENTE EXTERNA)
Nicaragua
El periodista Miguel Mora, exdirector del canal de televisión 100 % Noticias y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, fue condenado el miércoles a 13 años de cárcel por supuesta “conspiración” contra el Estado, informaron fuentes de la Defensa.
El abogado de Mora, Gerardo González, dijo a 100 % Noticias que su defendido también fue inhabilitado, por el mismo período, para ocupar empleos o cargos públicos, una medida aplicada también a varios de los 46 opositores encarcelados en los últimos meses y que comenzaron a ser juzgados el pasado 1 de febrero.
La jueza Nadia Tardencilla dictó la pena de 13 años de prisión contra Mora por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de la República de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, indicó González a 100 % Noticias, citando la sentencia judicial.
Mora es el primero de siete exaspirantes a la Presidencia detenidos que resulta condenado por el gobierno. El juicio se realizó en las instalaciones de la cárcel policial conocida como “El Chipote” y donde permanecen recluidos los otros 45 profesionales, exministros, exguerrilleros, diplomáticos, empresarios y periodistas detenidos entre mayo y noviembre de 2021.
El Ministerio Público acusó al conocido periodista de integrar un “grupo delictivo organizado y estructurado”, de haber “gestionado sanciones económicas” contra el gobierno de Daniel Ortega e “incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos, la desestabilización del país con financiamiento extranjero y acciones para afectar al Estado”, según la sentencia.
Miguel Mora dirigía el canal de televisión 100 % Noticias, de su propiedad, cuando fue arrestado por primera vez en diciembre de 2018, durante un operativo policial que culminó con la ocupación y confiscación del medio informativo, que continúa operando de forma digital. Pasó seis meses en prisión junto a la hoy directora del canal, la periodista Lucía Pineda Ubau.
El hecho fue consecuencia de una revuelta social contra Ortega que estalló en abril de 2018 y el gobierno calificó como un “fallido golpe de Estado” y ordenó reprimir a un costo de 355 civiles muertos, más de 2,000 heridos, 100,000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En marzo pasado, el periodista anunció su interés de desafiar a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre, como candidato del opositor Partido Restauración Democrática (PRD), proscrito posteriormente por el gobierno sandinista. La policía arrestó a Mora en su domicilio el 20 de junio último, al igual que lo haría con otros seis opositores que intentaron participar en los comicios.
Como parte de la maratón de juicios que se celebran desde hace 9 días, el martes fueron declarados culpables de “conspiración” el cronista deportivo Miguel Mendoza, quien expresaba sus críticas al gobierno mediante publicaciones en Twitter, y el excanciller de la República Francisco Aguirre Sacasa, un político liberal de 76 años que también guarda prisión desde julio en las celdas de “El Chipote”.
En una declaración emitida desde Estados Unidos, donde residen, los hijos del veterano opositor dijeron que su padre fue acusado por “un delito que no ha cometido” y que el juez podría condenarlo a ocho años de cárcel cuando emita su sentencia el próximo 16 de febrero.
Georgie, Roberto y Rafael Aguirre pidieron “un diálogo urgente y directo” con el gobierno “para abogar por los derechos humanos en Nicaragua y buscar construir un proceso abierto y democrático para el futuro”. En los últimos días otros familiares de opositores presos han pedido, sin éxito, “tender puentes de entendimiento” con Ortega, que en noviembre se reeligió por tercera vez para un cuarto mandato presidencial consecutivo.
Los hijos del excanciller también le pidieron al gobierno conmutar su próxima condena y permitirle regresar junto a su familia, en razón de su edad y su condición de salud. Varios de los detenidos desde 2021 tienen más de 60 años y sus familiares han denunciado que padecen un grave deterioro físico y emocional.