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Colegios ya regulan celulares, pero las escuelas públicas aún trabajan en protocolos
A dos semanas de la fecha límite, varios colegios aplican restricciones al uso de celulares en las aulas
Santo Domingo, RD
A dos semanas de que venza el plazo establecido por el Ministerio de Educación (Minerd) para que los centros educativos incorporen protocolos sobre el uso de dispositivos móviles, varios colegios ya aplican medidas que restringen el uso de celulares, mientras que las escuelas públicas consultadas todavía trabajan en la elaboración de sus reglamentos escritos.
Aunque las autoridades de los centros públicos consultados aseguran que aplican los lineamientos establecidos por el Minerd y que incluso algunos ya regulaban el uso de estos dispositivos antes de la disposición oficial, ninguno de los planteles visitados por Diario Libre mostró un protocolo escrito.
La situación es diferente en algunos colegios, donde las restricciones ya forman parte de la dinámica diaria de los estudiantes. En el colegio Cicre, ubicado en la avenida República de Colombia, los celulares son colocados en cajas al inicio de la jornada escolar y devueltos a los estudiantes al finalizar el día.
La medida se aplica desde el segundo ciclo de primaria hasta el último curso de secundaria y contempla excepciones para estudiantes que necesitan mantener el dispositivo cerca por razones de salud, para permitir que sus padres monitoreen el estado del estudiante, mediante alguna aplicación.
Según la coordinadora del nivel secundario, Lorleivis Lenis, desde la implementación de la medida los estudiantes tienen mayor interacción durante los recreos y han optado por realizar otras actividades en lugar de utilizar sus teléfonos.
«Los recreos han cambiado tanto que ahora se les ve jugando juegos de mesa. Se les ve bordando, tejiendo o avanzando en alguna clase o exposición que tienen», explicó Lenis.
La regulación también contempla a los docentes. Los profesores deben dejar sus dispositivos antes de subir a las aulas y, cuando necesitan utilizarlos para una actividad pedagógica, deben solicitar autorización y emplearlos en un espacio habilitado para ese propósito.
Tecnología sí, pero bajo regulación
La restricción del celular personal no significa que los centros hayan eliminado el uso de tecnología con fines educativos.
Colegios como SEK, Jaime Molina Mota y Lux Mundi mantienen iPads o tabletas entre los útiles escolares, aunque explicaron que estos dispositivos son solicitados únicamente a estudiantes del nivel secundario.
En otros centros, como Consa y Claret, el proceso todavía está en revisión. Ambas instituciones informaron que trabajan en la actualización de sus manuales y protocolos de cara al inicio del año escolar y que aún no cuentan con versiones definitivas de los documentos.
Escuelas aún elaboran sus protocolos
Diario Libre visitó alrededor de diez escuelas públicas, donde directoras, psicólogas y orientadoras señalaron que siguen las disposiciones del Minerd y expresaron estar de acuerdo con la regulación.
Algunas explicaron que ya implementaban medidas para limitar el uso de celulares antes de la nueva disposición. Sin embargo, indicaron que actualmente trabajan en la formalización de los protocolos por escrito.
Otro elemento observado durante el recorrido fue la ausencia de señalización. En ninguno de los colegios o escuelas consultados se observaron carteles o avisos dirigidos a los estudiantes sobre las nuevas reglas para el uso de celulares. El año escolar 2026-2027 empieza el próximo lunes 24 de agosto.
¿Qué establece la orden?
La Orden Departamental 011-2026 establece lineamientos nacionales para regular los dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados, con el propósito de promover un uso más seguro y equilibrado de la tecnología.
La disposición establece la prohibición de los teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones para el nivel primario y un uso regulado y supervisado en secundaria, de acuerdo con criterios pedagógicos definidos por cada institución.
Los centros educativos tienen un plazo máximo de 90 días calendario para implementar estas medidas, contados a partir de la emisión de la orden, el 27 de mayo de 2026.
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