Pimentel explicó que el contrato no fue cancelado de inmediato porque el Intrant estaba a la espera de una auditoría que permitiera determinar los recursos invertidos y posibles irregularidades financieras. Este proceso, realizado en conjunto con la Contraloría y su unidad antifraude, concluyó hace poco más de un mes, lo que finalmente llevó a la cancelación final del acuerdo con Transcore Latam.
“La decisión de Contrataciones Públicas anulaba el proceso, ahora, a quien le corresponde terminar el contrato es al Intrant. Para cualquier entidad cancelar un contrato, lo primero que debe de hacer es determinar qué se ha invertido, qué se ha pagado… Para el Intrant hacer esto se involucró en una auditoría con apoyo de la Contraloría y la unidad antifraude. En ese proceso de la auditoría para determinar esa inversión se empezaron a encontrar otros hallazgos. ”, puntualizó Pimentel.
Colapso del sistema de semáforos
Pimentel aseguró que «cuando se concluye con esos hallazgos, es que se produce el tema del apagado de los semáforos» que causó un caos vial en El Gran Santo Domingo.
En ese momento, el Intrant señaló un posible sabotaje por parte de Transcore Latam, cuyos ejecutivos enfrentan una querella por terrorismo debido a supuestos actos que habrían provocado el fallo masivo.
Empresas inhabilitadas, accionistas habilitados
En cuanto a los responsables de la empresa, Pimentel aclaró que la inhabilitación de Transcore Latam no afecta a sus accionistas de manera directa. El exfuncionario aseguró que La Ley de Compras y Contrataciones establece que la inhabilitación afecta al registro de proveedor, no a las personas físicas, a menos que estas sean condenadas por hechos de corrupción.
Según detalló el funcionario, durante una entrevista en el programa «El Despertador», los accionistas de la empresa pueden participar en procesos de licitación a través de otras compañías, mientras no exista una condena judicial en su contra.
Contexto de la suspensión
El contrato con Transcore Latam, valorado en RD$1,317 millones, fue suspendido en octubre de 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tras evidenciar irregularidades durante el proceso de licitación. La empresa también está vinculada a la Operación Camaleón, una red señalada por manipular contratos de manera fraudulenta.
La inhabilitación de la empresa fue producto de una investigación de oficio que detectó incumplimientos en el contrato.
