Barbero señalado por muerte de joven tras cirugía estética había realizado otros procedimientos
Santo Domingo, RD
Emanuel Hernández, el barbero señalado por realizar la cirugía estética tras la cual murió Rebecca Brizard, había practicado al menos otros dos procedimientos en la misma clínica, según reveló el director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa Pérez.
La información fue suministrada a las autoridades por la doctora Griselda Basora, propietaria y directora médica de la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Alma Rosa I, Santo Domingo Este.
Durante una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, Mesa explicó que Basora fue interrogada sobre las razones por las que permitió que Hernández trabajara en el establecimiento sin presentar documentos que demostraran que era médico.
Según el funcionario, la doctora declaró que Hernández aseguraba que entregaría sus credenciales, pero nunca lo hizo.
«Manifestó que el señor Hernández había hecho un par de procedimientos anteriores a este en el centro«, indicó Mesa, quien sostuvo que la responsable del establecimiento debió exigir el título universitario, el exequátur, la colegiatura y la certificación de especialidad antes de permitirle intervenir pacientes.
Médicos podrían ser corresponsables
Mesa consideró «muy cuestionable» que médicos titulados permitieran que una persona sin formación profesional participara en una cirugía.
De acuerdo con el levantamiento preliminar, durante el procedimiento también se encontraban en el centro la doctora Basora y dos anestesiólogos. El funcionario sostuvo que todos los participantes podrían ser considerados corresponsables, aunque corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar las responsabilidades penales y civiles.
«Es una persona que no tiene una titulación médica y mucho menos es cirujano plástico», expresó Mesa al referirse a Hernández. Agregó que la Dirección Jurídica de Salud Pública evaluará si procede solicitar sanciones administrativas contra los profesionales involucrados, incluyendo la eventual suspensión de sus exequátur.
Hernández había trabajado anteriormente como ayudante en el consultorio de un cirujano plástico habilitado. Según Mesa, fue despedido tras exceder las funciones que le habían sido asignadas y violar los protocolos internos del establecimiento.
Las autoridades no habían podido localizarlo para interrogarlo y verificar si posee algún tipo de formación relacionada con el área sanitaria. La familia de Brizard presentó una querella ante la Fiscalía de Santo Domingo Este y las autoridades mantienen abierta su búsqueda.
Una vivienda utilizada como clínica
Salud Pública determinó que la clínica donde se efectuó el procedimiento no tenía licencia de habilitación ni una cartera de servicios autorizada.
Mesa calificó el establecimiento como «clandestino«, debido a que para el Ministerio de Salud Pública un centro que funciona sin habilitación sanitaria no está autorizado legalmente para recibir pacientes.
El funcionario explicó que, al no existir una cartera de servicios aprobada, tampoco había un registro oficial de los médicos autorizados para trabajar en el lugar. Salud Pública clausuró el centro y anticipó que el cierre será definitivo.
«Todo lo que pasa en ese establecimiento se supone que debe manejarlo el director médico«, señaló Mesa, al atribuir a Basora la responsabilidad administrativa sobre las actividades realizadas dentro del establecimiento.
Los familiares de Rebecca describieron el lugar como una vivienda adaptada para realizar procedimientos. La joven recibió la ubicación la noche anterior a la intervención y fue citada para llegar de madrugada. Según su familia, fue sometida a una abdominoplastia el viernes 24 de julio y posteriormente presentó complicaciones respiratorias.
Rebecca tenía 27 años, residía en el batey Palavé, en Santo Domingo Oeste, era propietaria de una tienda de ropa y tenía tres hijos. Algunos reportes iniciales indicaron erróneamente que tenía 37 años y que el procedimiento había sido una liposucción.
El acta de defunción citada por medios de comunicación atribuye el fallecimiento a un edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, aunque la investigación deberá establecer la relación entre la intervención, las condiciones en que fue realizada y la muerte de la paciente.
Los cierres se cuentan por cientos
Mesa informó que, desde que asumió la Dirección de Habilitación en octubre de 2021, han sido intervenidos o clausurados 1,493 establecimientos: 149 en 2021: 498 en 2022; 458 en 2023; 234 en 2024; 71 en 2025; y 83 durante 2026.
El funcionario señaló que las principales irregularidades son operar sin licencia, ofrecer servicios fuera de la cartera autorizada y permitir el ejercicio de personas sin las acreditaciones correspondientes. Santo Domingo y Santiago concentran la mayor cantidad de intervenciones.
Sin embargo, los balances oficiales publicados por el Ministerio presentan cifras y períodos diferentes. En mayo, la institución reportó 501 cierres entre enero de 2024 y abril de 2026: 281 en 2024, 177 en 2025 y 43 durante los primeros cuatro meses de 2026. La diferencia podría responder a que algunas estadísticas contabilizan intervenciones, cierres temporales y clausuras definitivas bajo categorías distintas, pero Salud Pública no ha explicado públicamente la discrepancia.
El Reglamento 1138-03 establece que la habilitación debe obtenerse antes de poner en funcionamiento cualquier centro de salud y exige condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y operación. La disposición es obligatoria para centros públicos, privados, temporales y organizaciones no gubernamentales.
