El proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso Medusa, será conocido ahora por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La jueza Kenya Romero designó este martes al referido tribunal, que preside el magistrado Amauri Martínez, para que conozca la audiencia preliminar del caso donde están acusados Rodríguez, otras 40 personas y 22 empresas.
Actualmente el juez Martínez se encuentra conociendo la audiencia preliminar de fraude en la Lotería Nacional, la cual ya está avanzando. Ahora, el juzgador estará conociendo dos casos de corrupción administrativa al mismo tiempo.
Para apoderar al juez de ambos casos, la magistrada Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, realizó un sorteo.
La acusación del caso Medusa, calificada por el fiscal anticorrupción Wilson Camacho como la más grande del país, tiene un volumen de 12, 274 páginas y cuenta con 3,500 pruebas.
Los nuevos imputados en este caso son Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez. Sebelén Torres estaría vinculado a supuestas contrataciones millonarias ilícitas a empresas relacionadas entre sí para el suministro de alimentos de los internos en los centros de reclusión del país.
En estos ilícitos también habrían estado relacionados José Estrada y César Nicolás Rizik, quienes, de acuerdo a informaciones, figuran de forma directa e indirecta en varias de las empresas que resultaron ganadoras para proveer los alimentos a los recintos penitenciarios.
A estas irregularidades también fueron vinculados por la Pepca, Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada; como también Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente. Por igual, en la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec) y podría estar implicado en una mafia para distraer fondos del programa para construcción y equipamiento de los centros penitenciarios.
Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, también está acusado por la Pepca, y estaría implicado en pagos ilícitos.
Además de los antes mencionados, son nuevos imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.
Asimismo, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.
Entre las empresas imputadas están Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.
También, Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.
Los primeros imputados fueron, además de Jean Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, exsubdirector administrativo. Estos guardan prisión preventiva. Jenny Marte, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el exasesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.
En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien también está implicado en el caso. Fue arrestado en España el pasado año, luego de haberse fugado del país. Las autoridades de la República Dominicana ya lo solicitaron en extradición.
La Pepca mencionó a Canó Sacco cuando presentaron, en julio del año pasado, la solicitud de medida de coerción contra el exprocurador y los otros primeros imputados. En el escrito se establecía que este tenía incidencia directa respecto al manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones que realizaba la Procuraduría en la gestión de Rodríguez.
Aunque no figura en la lista de los acusados de la Pepca, Canó Sacco está siendo imputado en la querella con constitución en actor civil que presentó el Estado dominicano a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en el que lo acusan de varios ilícitos, junto a otras personas.
