- En medio de la controversia por la clausura de la Fábrica Cartesa, Eddy Olivares aseguró que cientos de tiendas han sido sancionadas por incumplir las disposiciones legales
Santo Domingo.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que una parte importante de los empresarios chinos que han llegado a República Dominicana incumple las normas laborales y advirtió que el Gobierno continuará aplicando sanciones a los establecimientos que violen las disposiciones legales.
“Los empresarios chinos tienen que cumplir, tienen que entender que aquí hay normas que hay que cumplir y ellos son incumplidores”, expresó el funcionario al referirse a las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en establecimientos comerciales y empresas de capital extranjero.
Olivares sostuvo que la seguridad y la salud en el entorno laboral constituyen garantías innegociables, independientemente de la nacionalidad de los propietarios de las compañías.
“Algo que es innegociable para nosotros, tratándose de empresas de capital nacional o de cualquier otra nación, es la garantía de la seguridad y la salud en el trabajo, que es un derecho fundamental, es un derecho constitucional de los trabajadores, trabajar en un entorno seguro” manifestó.
El funcionario aseguró que las autoridades mantienen operativos de inspección en distintos puntos del territorio nacional y que cientos de establecimientos comerciales han sido sancionados por incumplir las disposiciones vigentes.
«Nosotros continuamos y regularizamos situaciones en todo el país, van cientos de tiendas en todo el país (penalizadas) porque no cumplen y tienen que entender que tienen que cumplir», agregó.
Olivares ofreció dichas declaraciones al ser cuestionado, en el programa Matutino El Despertador, de SIN, por la clausura de Fábrica Cartesa, una empresa de cartón de capital chino ubicada en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, donde las autoridades desmantelaron un depósito irregular de combustible.
El operativo, realizado el pasado 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), permitió ocupar un tanque con capacidad para 5,000 litros y retener 1,000 galones de gasoil.
Tras la intervención, Cartesa rechazó las acusaciones de irregularidades y aseguró que opera legalmente en el país, con sus registros comerciales vigentes y obligaciones tributarias al día. También sostuvo que el combustible estaba destinado al funcionamiento de su planta eléctrica y equipos industriales, no a la comercialización.
El caso ha generado además pronunciamientos diplomáticos. Mientras Estados Unidos respaldó las actuaciones de las autoridades dominicanas, la Embajada de China cuestionó las declaraciones estadounidenses y advirtió sobre el riesgo de generalizar acusaciones contra empresas de esa nacionalidad.