El Ministerio Público afirma que, entre las “barbaridades” que cometía el grupo, figura la venta de medicamentos controlados vencidos desde el año 2022.
La quimioterapia aplicada en pasillos a los pacientes con cáncer, y el cobro de RD$3,500 y RD$5,000 por habitación, que corresponde cubrir al Senasa, y no ellos, son otros dos ejemplos dramáticos del esquema integral de fraude, negligencia y puesta en peligro de la vida humana, configurado por el expresidente del Patronato Cibaeño contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); su esposa y su exesposa.
Y es que, con el fin de lucrase directamente, el principal imputado en la Operación ONCO14, Héctor Antonio Lora Cruceta, privatizó la mayoría de las habitaciones de ingreso común del centro, cuyo costo era cubierto por el seguro médico, convirtiéndolas en habitaciones de una sola cama, que los pacientes debían pagar en efectivo y directamente al centro.
Esa decisión ilegal, obligó a los pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado que requerían hospitalización para recibir su tratamiento, a asumir personalmente el costo de la habitación privatizada, que oscilaba entre RD$3,500 y RD$5,000 por noche, según el expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
Indica que los pacientes de escasos recursos que no podían pagar una habitación privada, tenían que inscribirse en una lista de espera hasta que hubiera espacio en alguna de las pocas comunes que quedaron, “situación que resulta clínicamente crítica, tratándose de pacientes de cáncer para quienes cada hora de retraso en la administración del tratamiento, tiende a comprometer directamente su vida”, subraya.
Los que no podían esperar
Pero había un grupo de pacientes que ni tenía recursos para pagar una habitación privada, ni su condición de salud le permitía esperar en una lista hasta un día en que apareciera una cama desocupada en el área común.
Ese grupo, eran los pacientes que debían recibir quimioterapia, quienes, como no podían esperar, se veían forzados a recibir su tratamiento de quimio en el área de emergencia o en los pasillos del centro, lo que clínicamente está contraindicado, por tratase de “pacientes inmunocomprometidos, lo que eleva de manera exponencial el riesgo de que contraigan infecciones o enfermedades, en espacios de alto tránsito y exposición”, dice el expediente.
Agrega que esos mismos pacientes, catalogados como ambulatorios, por la falta de camas, eran además, “los que con mayor frecuencia eran objeto de los cambios fraudulentos de indicaciones médicas y del suministro de dosis incompletas de medicamentos” descritos en los hechos precedentes.
Comercialización de sustancias controladas
Según la solicitud de medida de coerción contra los tres cabecillas del entramado criminal, a Lora Cruceta no le bastó solo eso, sino que, además, aprovechando su posición y control, habría utilizado las instalaciones institucionales, específicamente la farmacia del Patronato, “para permitir y facilitar la comercialización de medicamentos que contienen sustancias controladas, al margen de las disposiciones legales y regulatorias vigentes “.
Revela que como consecuencia de esa conducta, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó diversas inspecciones en el IORC, en las cuales se detectaron irregularidades relacionadas con la operatividad de la farmacia, “evidenciándose prácticas compatibles con la dispensación irregular y comercialización indebida de sustancias controladas”.
Indica que una de esas inspecciones se hizo el 11 de julio de 2023, cuando el personal de la Dirección de Químicos y Precursores de la DNCD intervino el referido centro para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de control de sustancias.
Agrega que hallazgos sobre las irregularidades detectadas en el manejo y dispensación de medicamentos controlados, entre ellas “ venta de drogas controladas sin permiso de venta; venta de medicamentos controlados de uso hospitalarios, así como venta de medicamentos controlados vencidos desde hasta el año 2022”, todo lo cual quedó documentado en una nota informativa .
Resalta que durante una segunda inspección se constató la continuidad de las irregularidades previamente detectadas, verificándose que las prácticas ilícitas no habían cesado.
“Asimismo, se identificó la existencia de una entidad denominada «Fundación Dominicana del Dolor (FUNDOLOR)», dirigida por la señora Margarita Reyes Luciano, la cual tenía acceso a sustancias controladas sin justificación legal ni vínculo formal con el centro, lo que permitía el manejo irregular de dichos medicamentos”-
Dice que se hizo una tercera inspección el 26 de septiembre de 2025, en la que participó además, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), motivada por irregularidades detectadas en el centro y por la existencia de múltiples recetas asociadas a supuestas donaciones, prescritas de manera reiterada por el mismo médico, el anestesiólogo Dr. José D. Jiménez Marmolejos.
Agrega que, en esta ocasión, “se comprobó que parte de las sustancias controladas gestionadas bajo la modalidad de supuestas ‘donaciones’ no eran utilizadas para fines médicos legítimos, sino que eran desviadas y comercializadas a personas con dependencia de dichas sustancias”.
Entre los casos identificados figura la señora Fiordaliza Blanco, “quien había’ sido previamente paciente del Dr, Julián David Rodríguez Decena, y fue descontinuada de su tratamiento por presentar condición de adicción”.
Agrega que no obstante, “durante la inspección se constató que la misma figuraba como paciente del Dr. José Daniel Jiménez Marmolejos, presentando un volumen significativo y desproporcionado de prescripciones de medicamentos controlados, lo cual evidencia la instrumentalización del sistema de salud para la obtención irregular de dichas sustancias”.
