La ADP debe revisarse a sí misma

Por Bárbaro Batista

Comunicador, reside en Santo Domingo

Las recientes declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña sobre la necesidad de despolitizar la Asociación Dominicana de Profesores han provocado un amplio debate nacional. Y aunque las respuestas del gremio magisterial intentan presentar el tema como un ataque contra la organización sindical, lo cierto es que una gran parte de la sociedad dominicana comparte la preocupación expresada por la vicemandataria.

Aquí no se trata de estar en contra de los sindicatos. Los sindicatos son necesarios en cualquier democracia. Han sido instrumentos históricos de lucha social y defensa de derechos laborales. El problema comienza cuando una organización gremial pierde el equilibrio entre defender a sus miembros y contribuir al desarrollo del sector al que pertenece.

Y precisamente eso es lo que muchos entienden que ha ocurrido con la ADP.

Durante años, el gremio ha desarrollado una cultura permanente de confrontación con prácticamente todos los gobiernos, independientemente de sus políticas educativas. Suspensiones de docencia, paralizaciones regionales, huelgas recurrentes y enfrentamientos constantes han terminado afectando a quienes menos culpa tienen: los estudiantes.

Es cierto que el sistema educativo dominicano tiene problemas estructurales que van mucho más allá de la ADP. También es cierto que los gobiernos tienen responsabilidades importantes en materia de planificación, calidad docente, supervisión e inversión eficiente. Pero negar que el gremio ha contribuido a ralentizar muchos procesos de transformación educativa sería desconocer una realidad evidente para la mayoría de los dominicanos.

Pero también hay una pregunta que cada vez más personas se hacen: ¿está la ADP poniendo siempre la educación de los estudiantes en primer lugar?

Cuando Raquel Peña plantea que la ADP debe despolitizarse, no necesariamente está negando el derecho del gremio a expresarse o defender posiciones. Lo que parece señalar es algo que cada vez más ciudadanos perciben: que muchas veces las decisiones del sindicato responden más a intereses políticos e ideológicos que a prioridades académicas.

La propia reacción del gremio confirma parcialmente esa percepción. En lugar de enfocarse en cómo mejorar la calidad educativa, elevar el rendimiento escolar o fortalecer la formación docente, gran parte de su discurso gira alrededor de confrontaciones políticas, denuncias ideológicas y acusaciones contra sectores empresariales o sectoriales.

Mientras tanto, miles de estudiantes continúan mostrando bajos niveles de comprensión lectora y aprendizaje matemático, pese a que el país destina miles de millones de pesos al sistema educativo.

La educación no puede seguir atrapada en una lucha eterna entre Gobierno y sindicato. El país necesita un nuevo enfoque donde el centro del debate no sea quién tiene la razón política, sino cómo garantizar que los estudiantes reciban una educación moderna, eficiente y de calidad.

La ADP tiene derecho a defender conquistas laborales. Pero también tiene el deber moral de convertirse en parte de la solución. Un gremio fuerte no debería medirse solamente por su capacidad de paralizar escuelas o enfrentar gobiernos, sino también por su aporte al fortalecimiento del sistema educativo.

Y quizás ahí es donde radica el verdadero fondo del debate planteado por la vicepresidente: si la ADP continuará actuando principalmente como un instrumento de confrontación política o si decidirá evolucionar hacia un sindicalismo moderno, responsable y comprometido también con los resultados educativos del país.

Porque al final, la sociedad no evaluará quién ganó el debate político. Evaluará si nuestros niños y jóvenes están recibiendo la educación que merecen.