Santiago.– La jueza Yaritza Cabral, del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida contra tres de las empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida el 14 de noviembre durante una excursión escolar en Gurabo.
Para Francisca Josefina Tavarez Vélez (orientadora), Vilma Altagracia Vargas Morel (coordinadora de nivel) e Yris del Carmen Reyes Adames (directora administrativa), quienes deberán pagar 500 mil pesos a través de una compañía aseguradora, acudir al tribunal el último viernes de cada mes y no podrán salir del país.
En tanto, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general del colegio, obtuvo libertad simple.
La magistrada Olga Dina Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), informó que el Ministerio Público no comparte la decisión y adelantó que, una vez recibida la notificación formal, procederá con los recursos correspondientes.
“Nos enfocaremos ahora en recibir la notificación de la decisión para proceder con el recurso correspondiente, esta es apenas la primera fase del proceso”, expresó Llaverías.
La fiscal explicó que la solicitud de garantía económica y presentación periódica se fijó conforme a las imputaciones iniciales, pero que el Ministerio Público mantiene en investigación la participación de otros actores.
Familia y abogados califican la resolución como incompleta y denuncian encubrimiento
Los abogados de la familia de la niña fallecida, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Alejandro Calcaño, respetaron la decisión judicial, pero reiteraron que esta no responde a la magnitud de la negligencia que provocó la muerte de Stephora.
Díaz señaló que la jueza reconoció que las imputadas presentadas no eran quienes realmente dirigieron o autorizaron la actividad con 87 niños y apenas tres adultos, y que la estructura administrativa del colegio “ha quedado fuera del proceso” sin justificación.
“Las personas colocadas hoy no son las responsables de organizar esta actividad. Ni la entidad educativa ni sus directivos fueron incluidos, esto nos preocupa profundamente, el manejo que se le ha dado al caso deja ver un patrón de encubrimiento que inició desde el primer momento”, afirmó.
El abogado recordó que este tipo de excursión se había realizado cuatro veces, sin los protocolos mínimos de seguridad:
“Aquí hubo una cadena de horrores, una negligencia reiterada, esto pudo costarle la vida a cualquier niño de los más de 1,900 estudiantes del colegio, esta institución necesita ser intervenida y fiscalizada por el Ministerio de Educación.”
Solicitan que se incluya a los directivos reales y a la empresa dueña de la hacienda
Los abogados informaron que este mismo martes depositaron ante el tribunal una querella formal y una solicitud de medida de coerción particular contra los directivos reales del Colegio Da Vinci y contra los administradores de la hacienda donde ocurrió el hecho, luego de que Defensa Civil certificara que el lugar no posee condiciones para recibir niños ni adultos.
Shesnel Calcaño aseguró que el colegio opera bajo una estructura diseñada para proteger legalmente a quienes toman decisiones: “Hoy quedó claro que una de las imputadas fungió como un ‘pared’ para proteger a quienes administran realmente el centro, la sociedad ha visto los videos: si las cuidadoras hubieran tenido una pizca de atención, la niña estaría viva, no aceptaremos que los verdaderos responsables queden fuera.”
Calcaño añadió que la intención de la familia es que las autoridades actúen sin privilegios: “Lo que la víctima desea es que los responsables reales estén imputados, no descansaremos hasta lograr justicia para Stephora.”
Los abogados recordaron que la magnitud del caso obligó a pronunciarse a la procuradora general de la República, al presidente y al Senado, debido al presunto manejo irregular de la información en los primeros días tras la tragedia.
“Esto no se va a cubrir, el país entero pide justicia, transparencia y responsabilidades claras.”
La solicitud de coerción particular depositada contra nuevos imputados fue enviada al juez coordinador de los tribunales de la instrucción, quien deberá fijar día y hora para conocerla.
Los abogados indicaron que esperarán la notificación oficial y mantendrán a la familia y a la opinión pública informadas.
