Aplazan para el lunes conocimiento de apelación a Hugo Beras y Jochi Gómez

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo lunes el conocimiento del recurso de revisión interpuesto por el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Canaán (Jochi) y Pedro Padovani, respecto a la medida de coerción que los envió a prisión preventiva por 18 meses en Najayo.

Son los principales involucrados en la presunta firma irregular de un contrato entre el Intrant y la empresa Transcore Latam para el plan de semaforización del Gran Santo Domingo.

El aplazamiento fue solicitado por el Ministerio Público, argumentando que necesita más tiempo para organizar su medio de defensa en relación con los acusados Beras y Padovani, según explicó el abogado del exfuncionario, Luis Rivas.

Los imputados han evitado en todo momento hablar con la prensa. La última vez que el antiguo titular del Intrant comentó sobre el caso en un programa de radio, consideró que en el plan de semaforización también fallaron tanto la Contraloría General de la República como la Dirección General en el proceso de contratación.

Tras el escándalo por la licitación de 1,317 millones del Intrant con la empresa Latam, Hugo Beras tomó licencia sin disfrute de salario y explicó que consideraba que era lo correcto hasta que se investigue el caso.

“Lo que la prudencia dictaba en una situación de esta naturaleza era hacer lo que yo hice: retirarme y mantener el silencio hasta tanto no se investigara el tema”, declaró.

El también comunicador aclaró que decidió hablar a raíz de los últimos acontecimientos relacionados con el tema, entre ellos una rueda de prensa y un documento filtrado en los medios sobre una presunta auditoría a la institución.

“Se habla de una serie de cosas que me sorprenden, como la cancelación del contrato, cuando dejé todo eso cancelado”, aseguró.

Además, de Hugo Beras y Jochi Gómez, también están imputados José Peguero Vargas, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Pedro Vinicio Padovani Báez.

Los imputados en la denominada Operación Camaleón están siendo investigados por conductas tipificadas en los artículos 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123 y 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco); artículos 265 y 266 (asociación de malhechores).

También el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27 y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo) de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Así como los artículos 5, 33, 34, 35 y 36 (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Además de los artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, junto con la creación del Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, y los artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.