Operación Calamar involucra 11 instituciones públicas y hay 65 testigos

Hay, al menos, 11 instituciones públicas involucradas en el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Operación Calamar y son considerados, al menos, 12 tipos penales de los imputados.

La presentación de estos datos claves fue realizada por la organización cívica Participación Ciudadana en un libro de 37 páginas en el que se ofrecen informaciones útiles del voluminoso expediente y que tituló “Documento sobre la medida de coerción del Ministerio Público”.

Según explica Participación Ciudadana y también se contempla en el expediente, las instituciones públicas involucradas son: Ministerio de Hacienda, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (que asumió como continuador jurídico de la OISOE), Contraloría General de la República, Tesorería Nacional, Dirección Nacional de Bienes Nacionales, Dirección Nacional de Presupuesto, Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Corrupción

Los imputados son acusados de los tipos penales: corrupción, coalición de funcionarios públicos, falsificación, prevaricación, desfalco, soborno, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Participación Ciudadana hizo una lista de los 12 tipos penales que el Ministerio Público acusa a los imputados, con los artículos de las leyes en que se contemplan y las sanciones que conllevarían cada uno. Esta lista es la siguiente:

1. Artículos 146 numerales 1 y 2 de la Constitución (prohibición de la corrupción).

2. Artículo 123 Código Penal (coalición de funcionarios públicos: de 2 a 6 meses de prisión).

3. Artículos 145, 146 y 147 del Código Penal (falsificación: de 3 a 10 años de prisión).

4. Artículo 166 del Código Penal (prevaricación: degradación cívica).

5. Artículos 171 y 172 del Código Penal (desfalco: reclusión menor).

6. Artículo 177 del Código Penal (soborno o cohecho).

7. Artículos 265 y 266 del Código Penal (asociación de malhechores)

8. Artículo 405 del Código Penal (estafa contra el Estado: de 3 a 10 años)

9. Ley 311-14, en su artículo 18 (enriquecimiento ilícito).

10. Artículo 3, letras A y B, 8, letra B, 18 y 21, letra B y 26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos (para los hechos cometidos antes del 2017). (lavado de activos: hasta 20 años de prisión)

11. Artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 de la Ley No. 155- 17 contra Lavado de Activos cometidos desde junio del 2017: hasta 20 años de prisión).

12. Artículos 59, 63, 64 y 78 de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (financiamiento ilícito de campañas políticas).

2,120 páginas y 65 testigos

Participación Ciudadana destaca que el documento de solicitud de medida de coerción tiene 2,120 páginas y que las pruebas aportadas por el Ministerio Público incluyen pruebas testimoniales con 65 testigos.

Los testigos más relevantes son: Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña Pérez, Francisco Pagán, Belkiz Antonia Tejeda y Frixo Messina.

¿Cuántas pruebas hay?

El documento de solicitud de medida de coerción tiene 1,183 pruebas documentales, 30 pruebas materiales y 54 documentos procesales.