Uno plantea que la posible anulación de unas 114 auditorías, efectuadas durante la pasada gestión de la Cámara de Cuentas, habría originado las denuncias en contra del presidente de ese órgano, Janel Ramírez. El otro señala que no solo se trata de acoso sino de malversación de fondos. Y, al enfrentar las acusaciones que se realizan entre sí estos dos senadores, uno oficialista y otro peledeísta, parecen llegar a un solo consenso: que la causa del problema es de origen político y con el interés de mantener la impunidad en el país. Esto lo plantean cada uno, desde su bancada y desde su óptica.
Al menos así lo expresaron ayer el senador perremeísta Pedro Catrain y el senador peledeísta Yván Lorenzo.
El congresista por Samaná, preside la Comisión Permanente de Justicia del Senado, órgano apoderado de estudiar la viabilidad o no de un proyecto de resolución que busca que el Senado conforme una comisión especial para investigar supuestas irregularidades cometidas en la Cámara de Cuentas. Esa pieza fue presentada por el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez.
Lorenzo acusó a Catrain de violar los reglamentos de la Cámara Alta al retirarse abruptamente de una reunión de la Comisión Permanente de Justicia para impedir que se conociera la pertinencia o no de realizar las citadas pesquisas.
Al responder preguntas de los periodistas, Catrain dijo: “Entendemos que lo que hay detrás… son las auditorías que fueron maquilladas por Hugo Álvarez, el anterior presidente de la Cámara de Cuentas, cuñado de José Ramón Peralta… eso es lo que debió haber criticado el senador del PLD”.
Agregó: “Esas auditorías maquilladas, que son 114, se van a anular. Las auditorías que se necesitan para los juicios de corrupción, es lo que quiere abortar el PLD. Eso es lo que hay en el fondo… es un problema político de que no quieren transparencia, que siga la impunidad”.
Acusó a Lorenzo de estar errado, por desconocer los reglamentos legislativos y confundir al Senado “con un circo”. Al cuestionársele si por eso buscan “la cabeza de Janel Ramírez”, Catrain dijo: “Exactamente, ese es el objetivo”.
Recordó que la carta que contiene las acusaciones de las empleadas de la Dirección Jurídica, Bella García Paulino y Virginia Correa Jiménez, data del 13 de diciembre de 2021. La misiva fue presentada entre las pruebas en la denuncia por supuesto acoso sexual en contra del presidente de la Cámara de Cuentas que depositaron ante el Ministerio Público las dos mujeres, el pasado 16 de septiembre.
Catrain argumentó que, si hubo acoso, él estaría de acuerdo con que se realice un juicio político, pero recordó que ya el Ministerio Público fue apoderado del caso. También, le recalcó a Lorenzo que la Cámara de Diputados es la que está facultada por la Constitución, para iniciar las investigaciones, y el Senado de realizar un juicio político.
La oposición insiste
Tras las declaraciones de Catrain, Lorenzo dijo a Diario Libre que este forma parte de un grupo de legisladores que actúan como “títeres” del gobierno para impedir que se haga una investigación seria sobre las acusaciones hechas.
“No solamente estamos hablando de acoso. Estamos hablando de malversación de fondos. De un rosario de problemas y de hechos que tienen que ser esclarecidos”. Para él las acusaciones de supuestas irregularidades administrativas y de tipo ético deben ser esclarecidas a través de una investigación que podría finalizar en un juicio político contra Ramírez y otros miembros del pleno.
“El trasfondo que hay es el incentivo a la impunidad… El trasfondo es que Janel está ahí para proteger la impunidad, para que a los funcionarios del gobierno no se les puedan hacer auditorías serias”, reflexionó.
Sobre las acusaciones de Catrain de que el PLD busca impedir la anulación de 114 auditorías realizadas durante la anterior gestión, alegó: “No sé. No tengo interés en saber lo que está pasando ahí. Mi compromiso es con una gestión transparente”.
Previamente, en un programa televisivo, mostró facturas de supuestos gastos en restaurantes y supermercados que habrían consumido Ramírez y el magistrado Mario Fernández y que fueron pagados por la Cámara de Cuentas.
«Se de gentes que están muy interesadas en levantar un historial»Janel Ramírezpresidente de la Cámara de Cuentas“
La posición de Ramírez fue externada a las dos jóvenes empleadas que presentaron las acusaciones en su contra durante una reunión, que fue convocada por el funcionario el 15 de diciembre de 2021 y grabada por una de ellas de forma incógnita. El audio forma parte de las pruebas presentadas por sus abogados. El encuentro se produjo dos días después de que la secretaria del Pleno, Tomasina Tolentino, había recibido la denuncia a través de una misiva.
En la grabación que obtuvo Diario Libre, de unos 45 minutos de duración, Ramírez exhorta a las abogadas a no tener temor de ser canceladas, aunque sugiere que si una persona siente que su dignidad e integridad están siendo amenazadas, puede renunciar de su cargo.
Durante la conversación, el presidente de la Cámara de Cuentas les pregunta en dos ocasiones si la acción de informar sus inquietudes a la secretaria del pleno, Tomasina Tolentino, fue realizada porque las provocaron, a lo que las denunciantes responden que no, que lo hicieron a título personal porque querían buscar apoyo y sentir que no les iba a pasar nada, debido a que sentían miedo ante su jerarquía».
“Yo tenía la impresión, la creencia, de que había sido alguien que las había motivado y tengo mis razones para creerlo. He visto cómo hay gentes que se han interesado en conocer la vida de otras personas”, expresó. Ramírez añadió: “Sé de gentes que están muy interesadas en levantar un historial. Entonces pensé que era un intento parecido”.
El presidente de la Cámara de Cuentas les exhortó a estar tranquilas y que, en caso de verse en otra situación similar, en vez de buscar el apoyo de una de las miembros del pleno, buscar el respaldo de una mayoría, como, por ejemplo, de las tres mujeres que integran ese órgano.
Se refirió, también, a las magistradas Elsa Peña Peña y Elsa Catano. La sugerencia se debe a que las cancelaciones y nombramientos deben ser autorizados por el pleno de la Cámara de Cuentas.
El funcionario se refirió a los acercamientos que tuvo con las dos empleadas en diciembre de 2021 durante jornadas de trabajos extraordinarias.
Fue reiterativo en insistirles a las damas que no tuvo más acercamientos con ellas porque no tenía esa intención después de culminadas esas labores por horas extras y fines de semana y no por la denuncia realizada a través de la secretaria del pleno.
“Si tengo que hacer algo, lo voy a hacer. No tengo miedo de nada porque soy responsable de lo que yo hablo”, les expresó.
Correa Jiménez y García Paulino le manifestaron, durante el diálogo, que se sintieron incómodas y atemorizadas por ciertos comentarios personales que él les hizo. Ante esas revelaciones, Ramírez les responde que para él, el rango de presidente no tiene importancia.
Repetir la auditoría
En una parte de las conversaciones, que involucró una reunión previa con otros empleados, Ramírez se refirió a una auditoría hecha durante la pasada gestión que habría que realizar de nuevo “con su dirección y reglas”. Recordó que, durante la pasada gestión, se produjeron irregularidades que fueron denunciadas por sus propios miembros y confirmadas por empleados.
En sus exposiciones se observa que se han producido diferencias en el pleno por manejos sobre auditorías y órdenes dadas por Tomasina Tolentino, a lo que él se opuso. También, de su interés en contratar personal apolítico porque tenía la percepción de que existían esos antecedentes.
