Los familiares de David de los Santos, el joven de 24 años asesinado en el destacamento del Ensanche Naco, intimaron al Ministerio Público para que le den respuesta a una querella que depositaron en contra de los cabos policiales Luis David Ortiz Tineo y Alexis Montero Ubri.
Los parientes de la víctima entienden que estos dos policías tuvieron participación en el crimen, y no fueron sometidos en el expediente instrumentado por el Ministerio Público.
El abogado Máximo Peña, en representación de los parientes de las víctimas, explicó que la querella fue depositada el 17 de junio de este año y hasta el momento el Ministerio Público no ha realizado ninguna de las diligencias investigativas que han propuesto.
Los dolientes de David de los Santos entienden que las investigaciones de esta muerte no están claras y a su entender, han querido ocultar información y evidencias.
La apelación
Los parientes de David de los Santos no estuvieron de acuerdo con la prisión domiciliaria y el envío a Operaciones Especiales que le impusieron como coerción a algunos de los implicados en el caso y por eso interpusieron una apelación ante la Corte, la cual se conoce este lunes.
A la cárcel de Operaciones Especiales enviaron al capitán de la Policía Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez y el segundo teniente Germán García de la Cruz. Mientras que, el cabo Alfonso Decena Hernández y al raso Sari Manuel González García son los que recibieron arresto domiciliario.
En el recurso de apelación están solicitando que se revoque esa coerción y que sean enviados a una cárcel convencional.
La investigación
El Ministerio Público sometió a cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos Correa, quien fue golpeado de manera salvaje mientras se encontraba detenido en el destacamento policial del sector Naco, en el Distrito Nacional.
Los sometidos son el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández, y el raso San Manuel González García o Sari Manuel González García. También, para los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña.
Las indagatorias indican que los agentes imputados llevaron a la víctima al destacamento de Naco el pasado 27 de abril, tras arrestarlo en Ágora Mall, en donde la seguridad de la plaza comercial lo había esposado y retenido en un cuarto.
El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar a la víctima, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo.
Explica que la muerte fue provocada con el concurso de los imputados miembros de la Policía Nacional, por la acción de encerrarlo de manera ilegal, con las manos esposadas hacia atrás y por omisión a su deber de posición de garante, ya que, contrario a actuar conforme al derecho, los agentes faltaron a su obligación y materializaron una conducta de coautores frente a los actos de tortura o barbarie cometidos contra De los Santos Correa.
El Ministerio Público establece que cuando los tres detenidos golpeaban a la víctima, en vez de intervenir para garantizar su integridad, los agentes policiales procedieron a esparcir gas pimienta en la celda, lo que evidencia que “siempre tuvieron control de la situación, conocimiento, pero sobre todo que participaron de manera activa para aportar las condiciones activas a la materialización del tipo penal imputado, por lo que se configura la coautoría de la acción”.
Los agentes policiales llamaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 para el traslado de la víctima al hospital Francisco Moscoso Puello, en donde, el 29 de abril, sus familiares lo localizaron y gestionaron su traslado al Darío Contreras, en donde falleció el día 1 de mayo, fruto de los actos de tortura y barbarie inferidos por parte de los imputados.
Dice el Ministerio Público que, además de ser coautores de actos de tortura o barbarie, los policías mintieron a los familiares de la víctima, a quienes indicaron que el joven se encontraba bien en manos del Ministerio Público, aunque nunca lo presentaron a un fiscal.
Dicen que también le ocultaron de forma burlesca e inhumana, que ya para la fecha la víctima se encontraba ingresado en condiciones críticas en el Hospital Traumatológico Dr. Francisco Moscoso Puello, debatiéndose entre la vida y la muerte, a consecuencia de los actos de tortura o barbarie cometidos por los imputados.
