La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) estableció que apartándose de sus responsabilidades, miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), se dedicaron a sustraer dinero a través de un sinnúmero de maniobras fraudulentas detalladas en la acusación en contra de los involucrados en el caso Coral y Coral 5G.
De acuerdo a la acusación que será conocida por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, los fondos eran sustraídos del dinero dedicado a inteligencia, raciones alimenticias, combustibles y nóminas, además de que la estructura criminal sustrajo fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Conforme con el ministerio público, el entramado societario tenía como principal cerebro financiero y administrador de las propiedades al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero a la vez en el Cestur, Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente en el Conani, durante los últimos 4 meses del gobierno de Danilo Medina (2016-2020).
Indica que Núñez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente financiero por sus directores, y adquiere para estas propiedades muebles e inmuebles, además de cubrir los gastos personales y familiares de estos.
Creación de empresas
Para eso, según la acusación, en concurso con los directores, creó varias empresas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparaciones, sin embargo, los soportes de esas ventas y servicios eran inventados por el equipo que conformaba el departamento financiero de las instituciones.
Aduce que en el presente proceso, los acusados de rangos superiores han acumulado patrimonios millonarios sustrayendo dinero del erario en detrimento de la misión de las instituciones que dirigieron o para las que trabajaron en la alta gerencia.
Considera el ministerio público que estas conductas, además de ser delito, son actividades que lesionan la calidad de vida y la dignidad de miles de oficiales subalternos y alistados, que día tras día ven como su poder adquisitivo se reduce y su situación económica, empeora, a causa de salarios que no se corresponden con la realidad de las funciones que desempeñan.
Sostiene la acusación que las propiedades millonarias que adquirieron los acusados ascienden a más de cuatro mil millones de pesos, monto que permite tener una idea del impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las instituciones afectadas.
Alegan traición
Señala también la instancia de acusación que los imputados en el presente proceso, además de cometer los hechos ilícitos, han traicionado la confianza que fue depositada en ellos en sus funciones públicas, condición que se agrava en el caso de los miembros de los cuerpos castrenses que además traicionan el uniforme, el rango, a sus compañeros de armas y a la patria que juraron defender.
Detalla que en Cestur, CUSEP y Conani se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribución de raciones, entre otros, valores que fueron desviados y utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones estafando al Estado dominicano.
Precisa la acusación que los imputados sustrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80% y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.
Agrega que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia y cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
La PEPCA sostiene que también crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Conforme a la instancia, los imputados adulteraron expedientes de compras, pagos y auditorías, a través del uso de sellos gomígrafos y rúbricas falsificadas, para aparentar licitud en el manejo de los fondos públicos ante la Contraloría General de la República.
También destaca el ministerio público que elaboraban informes de gatos, llamados “cuadres”, en los que se evidencian el uso personal de los fondos públicos y la repartición entre los miembros del entramado; dicho informe era usado internamente, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distraído.
Igualmente, el expediente dice que utilizaron militares y policías que se prestaron para supuestamente hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos.
Eligieron una sucursal del BR
Apunta la acusación que eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano, esto a cambio de retribuciones económicas a favor de la gerente de la sucursal.
