La reforma a la Constitución vuelve a dominar el debate político de República Dominicana. El tema adquiere tanta relevancia que el presidente Luis Abinader afirmó, luego de que los tres principales partidos opositores se retiraran de las negociaciones, que los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina temen aprobarla.
En la reforma constitucional cocinada al vapor durante la crisis electoral de 1994, el fenecido líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, sintió temor de ser engañado en ese proceso por la astucia del presidente Joaquín Balaguer.
Los legisladores del PRD se retiraron de la Asamblea Nacional Revisora, cuando Peña Gómez se percató de que Balaguer, líder del Partido Reformista Social (PRSC) y el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), habían fraguado un acuerdo secreto para cerrarle el paso a la presidencia de la República.
Se ha extendido la versión de que la componenda Balaguer-PLD, con amplia mayoría legislativa, se concertó de manera paralela al Pacto por la Democracia firmado el 10 de agosto de 1994 en el Palacio Nacional para poner fin al conflicto que amenazó la estabilidad democrática del país.
Balaguer y el PLD decidieron introducir al Congreso Nacional el 50% más un voto para ganar las elecciones presidenciales, y no el 40% propuesto por Peña Gómez en el “Pacto Institucional de Santo Domingo” durante las negociaciones con Balaguer y el PLD. Hasta ese momento el triunfo electoral se obtenía por mayoría simple de los sufragios.
Los legisladores balagueristas y peledeístas argumentaron que la Asamblea Nacional una vez instalada era soberana para adoptar sus propias decisiones, y que ningún acuerdo o tratativa al margen de ese órgano supremo del Estado estaba por encima de sus prerrogativas constitucionales.
Esta jugada política fue vista desde entonces por el PRD, que era la tercera mayoría congresional, como una traición a su líder. Y decidió retirar a sus legisladores de la Asamblea Nacional Revisora convocada para reformar la Constitución el 14 y 15 de agosto, un día antes de la sexta toma de posesión de Balaguer.
Derrota de Peña Gómez
La reforma constitucional se aprobó contra viento y marea. El PRSC, de Balaguer, y el PLD, de Juan Bosch en retiro, conformaban una franca mayoría legislativa desde las criticadas elecciones que disputaron en 1990, en las que Bosch denunció un “fraude colosal”. El protagonismo peledeísta concluiría por el momento el 16 de agosto de 1994, ya que en los comicios de ese año su votación cayó a un 13%.
Para que se entienda con mayor claridad el planteamiento: Cuando se celebraron las elecciones recortadas en dos años, el 16 de agosto de 1996, Peña Gómez, apoyado por la coalición de partidos políticos Acuerdo de Santo Domingo, obtuvo un 45.94% de los votos; contra Leonel Fernández, el PLD y disidentes reformistas, un 38.93%, y Jacinto Peynado y el PRSC, 14.99%.
Estos resultados obligaban a una segunda vuelta electoral el 30 de junio, como estaba establecido en la reforma constitucional de 1994. Para este proceso el PRSC, y Balaguer que no votó en la primera vuelta, apoyaron al PLD y su candidato Fernández mediante la formación del Frente Patriótico.
Se enfrentaba así otra vez a Peña Gómez, quien a la postre fue derrotado al obtener en segunda vuelta un 48.75%, por debajo de Fernández y el Frente Patriótico que registraron 51.25%.
Crisis de 1994
Las traumáticas elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 1994 se celebraron el 16 de mayo. Los dos principales candidatos fueron el presidente Balaguer (PRSC), y Peña Gómez, apoyado por la coalición de partidos denominada Acuerdo de Santo Domingo, liderada por el PRD. Bosch y el PLD fueron relegados a un lejano tercer lugar.
Al conocerse los primeros resultados de la Junta Central Electoral (JCE) otorgando una ligera ventaja a Balaguer, Peña Gómez denunció un fraude colosal en su contra y que se había producido un dislocamiento de las listas de votantes y otras irregularidades para impedir el sufragio a sus seguidores.
Con el correr de los días la situación continuó agravándose cuando tres equipos de observadores internacionales rehusaron aceptar el veredicto de la JCE sin proceder a una investigación de las irregularidades recogidas por ellos mismos.
Para que se entienda la dimensión de esa decisión, estos organismos lo integraban John Graham, exembajador de Canadá en República Dominicana y Venezuela y jefe del equipo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
También el excongresista norteamericano Stephen Solarz, director del Instituto Nacional Democrático, y Charles Manatt, expresidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos y jefe del equipo de observadores de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales. El 17 de julio Michael Skol, del Departamento de Estado, visitó a Joaquín Balaguer.
Posteriormente, la Comisión de Verificación de la JCE también estableció en un sesgado informe que un mínimo de 45,000 votantes fueron privados de sus derechos, lo que avivó las contradicciones.
Pacto por la Democracia
En medio de la incendiaria situación se abrió un espacio de diálogo entre las tres principales fuerzas políticas. El PRSC, integró una comisión encabezada por el presidente Balaguer; PRD otra dirigida por su líder Peña Gómez, y PLD, encabezada por el secretario general Lidio Cadet. Contaron con la mediación de Agripino Núñez Collado, representante de la iglesia Católica, y Graham, de la OEA.
Luego de más de dos meses de negociaciones, Peña Gómez propuso el “Pacto Institucional de Santo Domingo”, que planteaba: celebración de elecciones generales en un año, nombrar una nueva JCE, mejorar el sistema de registro electoral, reforma constitucional para prohibir la reelección y celebrar doble vuelta si ningún candidato obtenía el 40% de los votos, entre otros puntos.
El 10 de agosto se anunció un acto en el Palacio Nacional para la firma del Pacto por la Democracia, donde los partidos mayoritarios se comprometían a aceptar la proclamación de Balaguer en un período recortado de dos años.
Además, celebrar elecciones en 1996, no reelección, nombrar una nueva JCE, mejorar el sistema de registro electoral y reformas en el sistema judicial, elecciones alternas con dos años de diferencia y establecer el 14 de agosto de 1994 para modificar la Constitución, entre otros temas.
Estos acontecimientos se traen a colación debido a que el Poder Ejecutivo sometió a debate una reforma a la Constitución en el Consejo Económico y Social (CES), y a que de inmediato surgió una nueva confrontación en torno a la reducción del 50% para ganar las elecciones presidenciales. La autoría se atribuye al peñagomista Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el gobierno, pese a que el tema no está incluido en la propuesta formal de reforma.
