“Nosotros estamos presos“, “aquí se vive en el terror”, y “la gente duerme hasta en el suelo”, son algunas de las frases de indignación de los residentes en el proyecto de viviendas La Nueva Barquita, inaugurado hace más de cinco años y medio por el entonces presidente, Danilo Medina.
Nicolás Benavides fue uno de los primeros en recibir el apartamento en el que iniciaría su nueva vida, luego de ser desalojado de La Vieja Barquita, pero contrario a estar en paz, como dijo esperaba, “ahora todo el mundo está como en una cárcel”.
El señor de 62 años aseguró que desde hace unos meses el patronato que tiene a su cargo la organización y cobro de los servicios comunes, como la recogida de desechos sólidos y el agua, les atosigan con amenazas.
“Ellos están mandándole a todo el mundo papeles de intimación, diciendo que el que no pague será desalojado”, declaró Benavides, al tiempo que recordó que todos los que viven allí cambiaron “una casa por otra casa” y las viviendas les pertenecen.
“Danilo nos cambió una casa por otra casa. Es verdad que estas casas son mejores, pero no fue en el camino que nos encontraron”, precisó.
La mitad
Desde su inauguración en junio de 2016, se dispuso una cuota de 1,000 pesos que debían pagar cada una de las familias residentes en La Nueva Barquita por concepto de mantenimiento y servicios.
Fue justamente esa cuota la que impulsó las primeras escenas de descontento en la comunidad, pero que con el paso de los meses fue perdiendo fuerza.
No obstante, de las más de 1,700 familias que las autoridades reportaron ya estaban instaladas para finales de 2020, los lugareños estiman que más del 80% no realiza el pago.
Benavides, quien dijo tener una deuda de 64,000 pesos en el patronato, argumentó que unos 500 pesos “está bien”, porque cada quien paga su luz.
“Si ellos ponen 500 más gente la va a pagar. Yo soy un hombre enfermo y no tengo trabajo, lo que yo consigo es para comer algo”, expresó.
De su lado, Cayetano, otro morador del lugar desde hace cinco años, resaltó que todos son conscientes de que tienen que aportar para que cuiden el lugar, pero que “1,000 es mucho dinero para personas sin trabajo”.
La amenaza
En el documento que circula entre las familias y que ha interrumpido el sueño de muchos, plantea que la no regularización del pago deparará en la “extinción del periodo de uso o pérdida de apartamento”.
De igual modo, se han colocado letreros en los que se les informa a los comunitarios la prohibición de vender o alquilar la vivienda.
Pero para Benavides “si la gente se está muriendo de hambre y quiere vender la casa ellos no deben prohibir eso”.
Resaltó que si sus vecinos consiguen trabajo en otro lugar tienen derecho a vender e irse.
Militares al acecho
Como parte de las situaciones que enfrentan, denunciaron que si alguien quiere entrar un mueble debe solicitar permiso y hasta tanto no le sea concedido, no puede ingresarlo al apartamento.
Fue el caso de Germán Medina, quien dejó de pagar la cuota luego de que solicitó una autorización para entrar un juego de sala y como se lo negaron decidió hacerlo arbitrariamente ocasionando que militares le detuvieran y retuvieron los muebles.
“Aquí no se puede ni entrar una silla”, expresó molesto.
Condiciones
Varios de los entrevistados por este medio reconocieron que ellos están “estructuralmente” bien, pero que en la zona no hay oportunidad de trabajos.
En ese sentido Cayetano explicó que los puestos de trabajo generados por las oficinas de instituciones estatales que se construyeron en La Nueva Barquita, fueron ocupados por personas de otras comunidades.
“Se los dieron a gente que no vive aquí, y a nosotros no nos dieron”, subrayó.
Respecto a la infraestructura y cuidados, la locación continúa con un permanente servicio de recolección de basura y áreas verdes notablemente cuidadas.
